La Justicia Federal realizó un procedimiento en las oficinas del organismo de control en el marco de una causa por presuntas irregularidades en la compra de drones para la Policía provincial.
La Justicia Federal ordenó este miércoles el allanamiento del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba, en el marco de una investigación vinculada a la adquisición de drones destinados a tareas de seguridad ciudadana. El procedimiento fue dispuesto por el fiscal federal Tomás Casas y apunta a recabar documentación y soportes digitales relacionados con el proceso administrativo cuestionado.
La medida judicial se realizó tras la denuncia penal presentada por el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, quien sostiene que existieron irregularidades y presuntas maniobras obstructivas por parte del organismo de control en el visado de los expedientes necesarios para concretar la compra de tecnología de vigilancia.
Según el planteo del Ejecutivo provincial, el accionar de los tribunos habría excedido las facultades de control que le corresponden al Tribunal de Cuentas, transformándose —según la denuncia— en un obstáculo para la implementación de políticas públicas en materia de seguridad, en un contexto que el Gobierno considera de emergencia.
El conflicto se da en medio de una creciente tensión política entre el Centro Cívico y el Frente Cívico, espacio que tiene representación mayoritaria en el Tribunal de Cuentas y que había frenado la adquisición de drones de última generación para la Policía de Córdoba.
Tras conocerse el allanamiento, el presidente del Tribunal de Cuentas, Beltrán Corvalán, calificó el procedimiento como un acto de presión institucional. “Esto es un apriete, un avasallamiento, pero nosotros vamos a seguir actuando”, expresó, y agregó que “es la primera vez en la historia que el Tribunal de Cuentas sufre una situación de este tipo”.
La investigación judicial buscará ahora determinar si existieron responsabilidades penales en el manejo del expediente y en las decisiones administrativas que derivaron en la paralización de la compra del equipamiento tecnológico.
