A partir de la medianoche, el servicio de transporte urbano de pasajeros en Río Cuarto se verá gravemente afectado debido a una retención de tareas anunciada por la Asociación Obrera de la Industria del Transporte Automotor (AOITA). La medida de fuerza responde a la falta de pago del bono acordado en la última paritaria 2024, que la empresa SAT, encargada del servicio en la ciudad, debía acreditar en la cuenta de los trabajadores.
El gremio de los choferes reclama que se cumpla con el último acuerdo paritario, que según lo estipulado, este mes se debe abonar el primero de un total de cuatro bonos, que en esta ocasión asciende a $171.738. La empresa SAT, sin embargo, aún no ha realizado dicho pago, lo que motivó la decisión de AOITA de frenar las actividades hasta que se cumpla con lo pactado.
Esta situación agrava aún más el panorama del transporte público en Río Cuarto, en un contexto donde la empresa SAT solicitó a la Municipalidad un aumento del boleto a $1.650, argumentando que los costos operativos han incrementado y que el servicio se encuentra operando con déficit. Actualmente, el pasaje cuesta $900, luego del último ajuste tarifario, pero desde la empresa aseguran que con este valor es imposible sostener el servicio y cumplir con las obligaciones salariales de los trabajadores, incluido el acuerdo con AOITA.
SAT también ha pedido una compensación de subsidios a la Subsecretaría de Transporte de la Municipalidad, aduciendo que solo con un reajuste tarifario y mayor apoyo económico podrán cumplir con el pago a los choferes y evitar que el servicio colapse. La revisión del boleto urbano y los subsidios solicitada por la empresa está ahora en manos del Municipio, que deberá evaluar si concede o no los aumentos.
Usuarios y crisis del transporte
La crisis del transporte en Río Cuarto refleja un problema que se extiende a nivel nacional. En varias ciudades del país, el sistema de transporte público enfrenta dificultades económicas debido al aumento en los costos operativos, como el precio de los combustibles, los insumos y los salarios de los trabajadores. Las empresas de transporte, como SAT en este caso, sostienen que los ingresos por boletos y los subsidios gubernamentales son insuficientes para mantener un servicio de calidad y cumplir con las obligaciones salariales.
Por otro lado, los usuarios del servicio urbano, ya golpeados por la inflación y la pérdida de poder adquisitivo, ven con preocupación la posibilidad de un nuevo aumento en el boleto. Con tarifas que ya representan un gasto importante para las familias, especialmente para aquellas que dependen del transporte público a diario, el incremento a $1.650 sería difícil de afrontar, en medio de un contexto económico donde llegar a fin de mes resulta cada vez más complicado.
La retención de tareas de los choferes de AOITA es una señal más de la tensión que vive el sistema de transporte en Argentina, donde la falta de cumplimiento de acuerdos salariales y la necesidad de ajustes tarifarios chocan con la realidad de los trabajadores y los usuarios.
