La ordenanza, vigente desde el 27 de noviembre, busca que personas condenadas no puedan ocupar ni postularse para cargos públicos.
La ordenanza 53/2024, impulsada por el bloque oficialista y aprobada por unanimidad, tiene como objetivo evitar que personas que tienen una condena puedan postularse u ocupar cargos públicos.
La normativa, que fue aprobada en la sesión del 27 de noviembre, busca «promover la integridad, la transparecia y la confianza ciudadana en las instituciones». De esta manera quienes tengan condenas no pueden ser candidatas a cargos públicos electivos municipales, ni designados funcionarios municipales.
En el marco de su reglamentación los integrantes del gobierno en función ya cuentan con un certificado de antecedentes penales que acreditan su ficha limpia.
