A partir de un consenso de distintos bloques de la oposición, la Cámara de Diputados sesionará para reformar la ley de DNUs.
Malas noticias para el gobierno de Javier Milei en el Congreso de la Nación: el arco de bloques opositores, que se fue consolidando contra los vetos presidenciales, volvió a unir posturas para votar contra el régimen de sanción y revisión de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).
La sesión fue convocada para el próximo martes 12 de noviembre a las 15 horas y contará con los acompañamientos de los bloques Encuentro Federal, Unión por la Patria, Democracia para siempre (radicales disidentes) y el Frente de Izquierda: si no tienen ausencias y se posicionan de forma unánime, conseguirían la mayoría parlamentaria para modificar el régimen de DNU establecido en la ley 26.122, promovida por el kirchnerismo en el 2006. Se desconoce la postura de Innovación Federal y el PRO, mientras que La Libertad Avanza rechazará la iniciativa. Dentro de la bancada de la UCR anticiparon heterogeneidad en sus votaciones.
La iniciativa que obtuvo dictamen tiene tres puntos concretos: esclarecer la definición de necesidad y urgencia, que el rechazo de una de las dos cámaras resulte suficiente para revocar un DNU y establecer un período de vigencia de los decretos de hasta 90 días. Pasado ese tiempo, el Congreso deberá votar para aprobar la continuidad de las políticas y ya no para derogarlas, como ocurre en la actualidad.
También se abordará la revocación del DNU 846/2024 que flexibiliza los requisitos para realizar canje de deuda que involucren los títulos nominados en dólares con vencimientos de corto plazo. «Las futuras suscripciones de instrumentos de deuda pública, independientemente de su moneda de pago, se puedan realizar con instrumentos de deuda pública cualquiera sea su moneda de pago», señala la publicación en el Boletín Oficial, que además aporta reformas en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS).
Previamente, a las 13.30 horas, habrá reunión de Labor Parlamentaria en donde los distintos bloques intentarán colar otros temas en la agenda. El Frente de Izquierda, por ejemplo, buscará tratar el DNU 70/2023 que continúa vigente en regímenes de alquileres y tarjetas de crédito; el PRO ambiciona reformas electorales vinculadas al proyecto de Ficha Limpia y al voto en el extranjero por correo. Tampoco se descarta ingresar el proyecto para federalizar el sistema de juicio por jurados populares, con amplio consenso de toda la Cámara.
Debate sobre el régimen de DNU
El debate por la reforma del régimen de DNUs inició el 16 de octubre. En ese momento, el diputado Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) planteó que «es inadmisible que tenga más valor un decreto que una ley, porque pedimos que hayan dos cámaras para sancionar una ley y con la firma del Poder Ejecutivo ya tenemos una ley funcionando con la misma jerarquía» y señaló que «si el Presidente tiene la potestad del veto parcial, cómo puede ser que el Congreso no tenga en espejo una facultad similar».
«Adelantémonos a un posible fallo de la Corte por falta de resolución de la política», agregó Juan Manuel López (Coalición Cívica). Por su parte, Esteban Paulón (Encuentro Federal) pidió «devolver equilibrio al sistema republicano» al entender que «cuando eso se distorsiona estamos dando un golpe letal a la seguridad jurídica, tan necesaria para la estabilidad económica se traduzca en inversiones». «El Presidente tendrá que aprender a dialogar y construir consensos un poquito más amplios más allá del tercio, para poder aprobar sus leyes y no tentarse a gobernar solamente por DNU», comentó.
A su turno, el bonaerense Pablo Juliano (Democracia para todos) señaló que el DNU «no creo que sea un instrumento de la gobernabilidad« e indicó que «si el Poder Ejecutivo entiende que hay situación de necesidad y urgencia, este Parlamento no puede mirar hacia el costado porque sin legalidad no hay ninguna posibilidad de afrontar ninguna necesidad ni ninguna urgencia». «Hay un ejercicio de planchar la Bicameral, y cuando el Parlamento mira para el costado abandona su función trascendental».
En defensa del actual régimen, concurrió al ámbito legislativo el Procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra, que consideró que «la utilización del DNU ha sido una práctica constitucional que las circunstancias justificaban» y que «la valoración de necesidad y urgencia ha sido política y forma parte del diálogo especial entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, que es de alguna manera una herramienta que la Constitución pone en manos al Presidente para que trate de incentivo al Congreso a que legisle frente a determinados casos«.
Fuente: Ámbito
