Este miércoles, la iniciativa del Gobierno de Javier Milei de modificar la Ley de Acceso a la Información Pública recibió el rechazo de dos de los sectores políticos con los que más dialoga: el Pro y la Unión Cívica Radical (UCR).
El bloque de Diputados del Pro emitió un comunicado que dio a conocer en sus redes, en el que afirma que «la Ley de Acceso a la Información Pública debe mantenerse intacta«.
La manifestación pública ocurre luego de que la administración libertaria publicara en el Boletín Oficial el decreto reglamentario 780/2024 que modifica la Ley N° 27.275 sobre el pedido de acceso a la información pública.
«Esta ley es fundamental para la ciudadanía, ya que garantiza un derecho esencial en cualquier democracia: el acceso libre y sin restricciones a la información pública«, argumentaron respecto a la ley que se sancionó bajo la presidencia de Cambiemos.
En la misma línea, aclararon: «Este derecho no solo promueve la transparencia y la rendición de cuentas, sino que también le brinda a los ciudadanos un mayor control y supervisión sobre las acciones del Estado«.
«Alterar esta norma por la vía reglamentaria sin el debido consenso representa un retroceso en términos de transparencia y control público, elementos esenciales para el bien funcionamiento de nuestra democracia», puntualizaron.
Por su parte, el bloque de diputados de la UCR presentó un proyecto de declaración en rechazo a las modificaciones en la Ley de Acceso a la Información Pública del Gobierno. Para los legisladores del centenario partido, se trata de una cuestión de «índole legislativa» por lo cual está «estrictamente reservadas al Congreso».
Por lo tanto, en su criterio, el oficialismo está incurriendo «en una grave afectación a la división de poderes» y «una lesión al derechos humano de saber sobre las cuestiones públicas».
«Asimismo, solicitamos al Poder Ejecutivo que se derogue dicho decreto debido a la vulneración de los principios de libertad de expresión, transparencia, gobierno abierto y rendición de cuentas sobre los que se sostiene la ciudadanía democrática», expuso el radicalismo.
El proyecto, dirigido al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, sostiene que se trata de un «nuevo hecho de suma gravedad para la calidad democrática» de Argentina.
Para la UCR, el Ejecutivo confunde «la naturaleza de la información, lo que constituye una vulneración al derecho de la ciudadanía de acceder a información pública, empeora la calidad de las instituciones de gobierno, incrementa el secretismo en materia de gestión y socava la confianza de la sociedad en la democracia».
El bloque sostuvo que los «funcionarios tienen la posibilidad de negar, proteger o tachar la información si considera que se trata de una excepción legal».
No obstante, en ese caso «será un juez quien determine si esa información es de interés público o no».
Y cierra: «Pero nunca puede un decreto determinar qué constituye interés público y qué no».
Fuente: NA
