Integrantes de equipo de gestión de Javier Milei le avisaron a los sindicatos que no homologará aumentos superiores al 2% a partir de octubre.
El Gobierno anticipa un ajuste salarial con un tope del 2% mensual, medida que podría desatar conflictos gremiales. Los sindicatos buscan recomponer sueldos en medio de una inflación persistente y salarios que se mantienen debajo de la línea de pobreza. La intervención estatal contradice las promesas de Milei en campaña.
En los próximos meses, el Gobierno avanzará en un reajuste de la pauta salarial, con la intención de fijar un techo del 2% mensual en los aumentos. Esta medida, comunicada por funcionarios de la Secretaría de Trabajo, ha generado preocupación entre los gremios que buscan mejorar los sueldos en un contexto de alta inflación y creciente pobreza. «Desde octubre, no se homologarán aumentos que superen el 2% mensual», señalaron desde el Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo.
La decisión, que responde a la estrategia del Ejecutivo para contener la inflación, choca con los reclamos de los sindicatos, que consideran insuficiente un ajuste tan limitado. «Estamos en un escenario donde la mayoría de los trabajadores sigue por debajo de la línea de pobreza», advirtió un delegado sindical durante las reuniones paritarias llevadas a cabo en la sede del Ministerio de Trabajo, bajo la conducción de Julio Cordero. En este contexto, gremios como la UOM y Sanidad cerraron acuerdos recientes con subas promedio del 4% mensual, con revisiones pactadas para octubre y noviembre.
La implementación de una pauta tan baja podría generar nuevas tensiones en un momento en que las discusiones salariales ya se encuentran en un punto crítico debido a la profunda recesión económica. Además, las subas acordadas se sustentan mayormente en conceptos no remunerativos, lo que agrava la situación de los trabajadores que ven cómo sus salarios pierden poder adquisitivo.
Este panorama es especialmente delicado si se considera la promesa de Javier Milei en campaña de que su gobierno no le pondría un techo a las negociaciones paritarias. Sin embargo, la realidad de la gestión parece haber cambiado el rumbo, priorizando el control inflacionario por sobre la libre negociación entre sindicatos y empresas.
Con revisiones salariales programadas para los próximos meses, los gremios anticipan momentos de máxima tensión, especialmente cuando los efectos de la inflación sigan erosionando los ingresos. La situación, lejos de apaciguarse, podría derivar en nuevos conflictos y medidas de fuerza si las demandas de recomposición salarial no son escuchadas.
