Personas con discapacidad, familias, profesionales prestadores de servicios e instituciones de Río Cuarto se concentraron en la plaza central de río cuarto para visibilizar el «estado de emergencia»que atraviesa al sector.
Los manifestantes reclamaron «la declaración de emergencia en discapacidad». En este marco, rechazaron el «decreto que pretende eliminar la adhesión al nomenclador de las obras sociales» y denunciaron que es «un sistema que precariza y excluye».
El proyecto de decreto fue firmado la semana pasada por el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad. Rompe con un sistema de 25 años que equipara los aranceles de las prestaciones para las distintas obras sociales.
En declaraciones a CBAHOY, Luciana Jouli, profesora de Educación Especial e integrante de la Unión de Educadores de Educación Especial (UEDES), expresó su preocupación ante la posibilidad de que dicho decreto se implementa y se desregule el nomenclador que –desde hace 25 años- equipara para todas las obras sociales los aranceles de las prestaciones de los profesionales que brindan atención a personas con discapacidad.
“Nos movilizamos para expresar nuestro rechazo a esta intención de desregular desde el Estado nacional el valor de las prestaciones que se les brinda a las personas por discapacidad y dejarlo al libre mercado”, expresó Luciana.
La profesora de Educación Especial manifestó que esta medida perjudicaría a los profesionales que atienden a las personas con discapacidad, a los propios discapacitados y a sus respectivas familias principalmente.
Luciana Jouli señaló que a desregular el valor de las prestaciones y dejar que cada obra social pague lo que quiera, se generará una desigualdad absoluta porque aquellas personas que tengan obras sociales que paguen más van a poder acceder a las prestaciones, y quienes tengan obras sociales que decidan recortar su presupuesto en prestaciones no van a poder acceder.
De esta manera, “va a haber prestaciones de primera y de segunda porque los profesionales van a querer elegir la obra social o mutual que mejor pague”, y planteó que, por otra parte, esto generará que por la misma tarea que realice un profesional, algunas obras sociales paguen más y otras menos, cuando debería ser exactamente lo mismo.
Sin paritaria, no hay equidad
La integrante de UEDES sostuvo que la puesta en vigencia del DNU puede generar “que cada obra social decida su propio nomenclador y defina cuánto es lo que quiere pagar”. Sobre este punto advirtió que los profesionales no tienen paritarias, por lo tanto, la lucha para reclamar por un mejor pago por sus prestaciones se vería reducida y estarían en desventaja respecto a las obras sociales y mutuales. “Va ser muy difícil dar la batalla para poder cobrar un salario digno”, afirmó.
¿Por qué es importante el nomenclador único?
Días atrás, el Consejo Argentino Para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CAIDIS) emitió un comunicado para explicar la importancia de sostener el Nomenclador del Sistema de Prestaciones Básicas.
La entidad precisó que “el Sistema tiene por objeto la cobertura integral de las necesidades y requerimientos de esta población y la universalidad de la atención de calidad mediante la integración de políticas, recursos institucionales y económicos”.
“Llamamos la atención a estos dos conceptos: integralidad y universalidad. La integralidad se vincula con el deber de cobertura total, al 100 %, de las prestaciones y servicios contemplados (…) La universalidad se relaciona con que todas las personas con discapacidad certificada, sin importar si son afiliadas a obras sociales nacionales, al PAMI o a Incluir Salud, accedan a servicios y prestaciones de la misma calidad”, agregaron desde CAIDIS.
“Dejando de lado los incumplimientos, que por supuesto existen, todos los beneficiarios del Sistema acceden a una cobertura integral de calidad, lo que permite afirmar que el Nomenclador con aranceles únicos ha robustecido el mandato de integralidad y universalidad que surge de la ley 24.901”, afirmaron en el comunicado
Por tales motivos, CAIDIS alertó sobre la posibilidad de su desregulación. “Implicaría que la Agencia Nacional de Discapacidad abdicara de su rol de organismo de regulación del Sistema, asignado por el artículo 1 del Anexo 1 del Decreto 1193/98”.
Además, “romper la política de arancel único para todos los financiadores del Sistema es poner en riesgo la universalidad de la calidad de las prestaciones y servicios del sistema, porque el nomenclador está indisolublemente asociado a la calidad de las prestaciones que exige el Marco Básico para todos los prestadores registrados. Si ANDIS no va a regular el sistema y el Directorio no va a establecer los aranceles para que cada financiador pague distintos montos, se corre el riesgo de que los criterios que sigan para establecer los aranceles no aseguren la calidad que caracteriza al sistema desde su origen”, remarcaron.
