La gestión de Javier Milei benefició al Grupo Clarín con la compra de material escolar sin proceso de licitación.
Como es costumbre, la cartera educativa nacional distribuye libros de texto para los distintos niveles. Sin Ministerio en esta gestión, y el área ahora a cargo de una Secretaría, la millonaria contratación no se ajusta a las normas administrativas que imponen una compulsa de precios, de ahí que se objete la falta de transparencia.
El Ministerio de Capital Humano de la Nación asignó por adjudicación directa, sin licitación pública, un negocio de 9.600 millones de pesos a la impresora Arte Gráfico Editorial Argentino SA (Agea), propiedad del Grupo Clarín.
La cartera que conduce Sandra Pettovello publicó este lunes en el Boletín Oficial el acta por el cual el Gobierno nacional le asignó sin compulsa de precios ni antecedentes la compra de “libros escolares para Primaria y Secundaria” por un monto total de $9.612.452.855.
Se trata de la compra directa (sin un llamado a licitación) de manuales escolares, que ya genera controversia. La divulgación del millonario contrato la hizo el medio Tiempo Argentino.
Según lo que trascendió, el argumento del Gobierno a la hora de justificar el contrato directo con Clarín, fue la «exclusividad» que ofrece el grupo de medios, siendo el único proveedor capaz de suministrar esos títulos pertenecientes a su propio catálogo. Desde ya, no se habla de la consulta por otras opciones que están disponibes en el mercado, y que no se tuvieron en cuenta al obviarse cualquier compulsa de ofertas y precios.
Mientras por un lado se exalta la decisión de suprimir «la pauta oficial» en los medios de comunicación, la compra directa de estos materiales destinados a alumnos y alumnas de las escuelas públicas argentinas parece haber encontrado un «atajo» a tal restricción en los aportes publicitarios a los grandes medios. En este caso, el gran beneficiario fue el poderoso Grupo Clarín, propietario de medios como el diario Clarín, Radio Mitre, Canal 13, Canal 12 de Córdoba, TN y Personal.
Mientras tanto, crece el reclamo de las organizaciones sociales por la suspensión del envío de alimentos a comedores y merenderos, con el argumento oficial de que «se busca transparentar la enytrega de mercaderias» que, ni más ni menos, está destinada a paliar el hambre que se observa en los sectores de la población más vulnerables.
