Con su oficialización, lo determinado por el texto firmado por el presidente Milei y todos sus ministros están en marcha. Sin embargo, puede ser analizado y frenado por el Congreso.
La discusión central por estos días será si el Poder Ejecutivo puede o no poner en funcionamiento los 366 puntos expuestos en el flamante DNU 70/2023.
Fundamentalmente, porque se trata de normas permitidas “en circunstancias excepcionales”. Y a priori, no parecen estar dadas, ya que los “trámites ordinarios” por los que debería pasar en el Congreso, cuentan con lapsos en los que podrían presentarse y debatirse.
Todo decreto de este tipo debe estar firmado por el presidente y todos sus ministros. Sin embargo, en las últimas horas se conoció que el documento no tenía fecha específica de aplicación. Es decir, el mismo se aplicaría desde el 1º de enero y no inmediatamente como lo anunció el presidente Milei, quien por estas horas publicará un decreto rectificatorio garantizado la aplicación de las medidas desde este mismo miércoles.
Desde aquí en adelante, el Jefe de Gabinete debe presentarlo en los próximos diez días ante una Comisión Bicameral permanente, que a su vez tiene ese mismo lapso para emitir un dictamen.
Siguiendo su recorrido, debe llegar a la Cámara de Diputados y de Senadores.
Allí el análisis es en general, de la norma completa, y no fraccionada por cada artículo. Y la resolución tiene dos opciones: se acepta o se rechaza.
Si alguna de las cámaras lo aprueba, el DNU queda vigente.
Para ser anulado, la única opción es que sea rechazado por ambas.
