Fueron 13 votos a 7. Los contratos habían sido renovados por la gestión anterior. Sin embargo, el Consejo Superior resolvió, también en votación fragmentada, aprobar tres proyectos resolutivos por los que se le prorrogan los contratos por dos años a un grupo de contratados de Bienestar, Extensión, Secretaría Académica y el Centro de Producción de Información Accesible. Fueron tres horas de acalorada discusión.
Con votación dividida, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Río Cuarto rechazó los recursos jerárquicos de una treintena de contratados, que se opusieron a la resolución rectoral por la que se rechazaron sus recursos de reconsideración contra la resolución rectoral 385 de mayo de este año, una medida que generó polémica y que fue firmada sobre el final de gestión anterior.
Fueron tres horas de debate. El tema cobra relevancia, puesto que, con la disposición de la actual conducción, la prórroga de contratos estaba vigente hasta el 31 de diciembre. Tras este rechazo, el Consejo Superior aprobó tres proyectos resolutivos por los que se les prorrogan los contratos por dos años a un grupo de contratados de Bienestar, Extensión, Secretaría Académica y el Centro de Producción de Información Accesible. Sin embrago, quedaron afuera otros que no cumplen con los requisitos dispuestos.
Esa resolución -385- fue una de las primeras que firmó la rectora Marisa Rovera, tras su asunción al frente de la UNRC. Con ella, modificó la resolución 291 firmada por Roberto Rovere, el 21 de abril de 2023, luego de las elecciones para la renovación de autoridades rectorales, por la que se decidió la prórroga de manera automática de 89 contratos.
La rectora Rovera modificó esa decisión el primer día de su gestión, el lunes 8 de mayo, tras asumir el viernes 5. Decidió establecer que el vínculo laboral de ese personal contratado se considerara prorrogado hasta el día 31 de diciembre próximo, “con la dedicación plasmada en sus contratos y con la posibilidad de que sus labores se adapten o adecuen a las necesidades que imponen los programas y actividades vigentes en esta Universidad, siempre con el límite o alcance que surge de las condiciones expresadas en sus respectivos contratos, y los que imponen los programas o actividades a los que se haya afectado ese personal”.
Y dispuso que lo resuelto “no alcanza a los casos de designaciones de personal que cumplen tareas de funcionarios de gestión, personas que no se hayan desempeñado de modo efectivo, que no registren continuidad en las actividades u otras similares”, a la vez que concretar “un proceso exhaustivo de control y análisis de cada uno de los casos”.
Sumaron 31 los trabajadores contratados que plantearon el recurso de reconsideración, que fueron rechazado a través de la resolución rectoral 794, del 30 de agosto, lo cual dio lugar a los ahora también rechazados recursos jerárquicos.
El tema fue analizado por la Comisión de Interpretación y Reglamento del Consejo Superior. Hubo dos despachos. El que propició que se hiciera lugar a estos recursos contra la resolución 385 obtuvo siete votos; mientras que el que se inclinó por rechazarlos sumó 13 voluntades.
La Resolución Rectoral 385/23 señala que el artículo 1 de la Resolución número 291/23 “adolece de una nulidad manifiesta, en virtud de las previsiones del artículo 14 de la ley 19.549, toda vez que esa manda contradice las reglas contenidas en las leyes aplicables” y plantea que “el vicio de la Resolución Rectoral 291/23 se asienta en la certeza de que los convenios colectivos de trabajo aplicables al personal docente y no docente establecen que el ingreso de personal a las Universidades Nacionales debe concretarse a través del mecanismo del concurso. Además, plantea que en cuanto disponía la prórroga automática, se hallaba viciada y el vicio era conocido por los impugnantes conforme era ostensible, correspondió el rechazo de los planteos de reconsideración interpuestos por los impugnantes.
Renovación por dos años y búsqueda de financiamiento para su incorporación definitiva
Tras el rechazo a los recursos jerárquicos, el cuerpo colegiado aprobó tres proyectos por los que se anularán a partir del 1 de enero de 2024 las resoluciones rectorales 291 –firmada por Rovere- y 385 –rubricada por Rovera-.
Los agentes alcanzados por esta nueva disposición trabajan en las secretarías de Bienestar, Extensión, Académica, y en el Centro de Producción de Información Accesible.
La votación fue dividida -14 votos a 4-. La postura de la minoría fue que el tema pasara a paritarias con la lista de quienes quedarán afuera a partir del 31 de diciembre y luego volviera al Consejo Superior.
Con esta resolución, los contratos se prorrogan a partir del 1 primer día de 2024 por un periodo de dos años –hasta el 31 de diciembre de 2025-, con las dedicaciones y funciones plasmadas en sus contratos.
Además, se encomendó a las áreas que correspondan y a los ámbitos paritarios el análisis de la situación de los agentes a los fines de propender su regularización.
