Lo definió la Fiscalía de Instrucción del Distrito IV y los acusó de “desobediencia a la Autoridad e Impedimento u obstrucción de Transporte o Servicios Públicos”. Entre los acusados están los riocuartenses Federico Giuliani, secretario general de ATE Córdoba y Marisa Cariddi, referente del Movimiento Libres del Sur.
La Fiscalía de Instrucción del Distrito IV, turno 1°, acusó a cinco referentes locales del Polo Obrero, MTR, MST y Libres del Sur, y al secretario general del gremio ATE Córdoba de los delitos de “desobediencia a la autoridad e impedimento u obstrucción de transporte o servicios Públicos”.
Las acusaciones son en el marco de una serie de protestas llevadas a cabo en la ciudad de Córdoba en el mes de abril. Según la Fiscalía “existió un plan, ejecutado por estos referentes para producir cortes de manera deliberada e ilegal en diversas calles y rutas de acceso”.
Los argumentos de la Fiscalía para la acusación son que “se desoyeron y desobedecieron las directivas policiales que procuraban mantener la libre circulación y se obstaculizó e interrumpió el tráfico vehicular en un punto neurálgico de la zona céntrica de la ciudad de Córdoba. Esto afectó a los medios de transporte público y privado”.
“El argumento de llevar a cabo una protesta, representando intereses de grupos cuyos derechos se entienden vulnerados, no brinda una coraza o salvoconducto para valerse impunemente de medios delictivos como instrumento para visibilizar el reclamo”, dijeron.
Desde CTA criticaron que «los principales testigos de la Fiscalía son los propios policías entrenados para reprimir los piquetes y recurrentes protagonistas de casos de Gatillo Fácil”. Por otra parte, “se incorporó a la investigación un informe de ‘Fuentes Abiertas’ confeccionado por la Dirección General de Investigaciones Criminales (DAIC), División de Análisis e Investigación en las Comunicaciones relevando los movimientos de las redes sociales de los movimientos sociales involucrados” y “se adiciona al plexo probatorio, los informes circunstanciados elaborados por la Dirección de Investigación Operativa de la Policia Judicial (DIO) analizando: Los antecedentes de la movilización del día 5-4-2023 ‘piquetazo nacional’, el lugar del hecho, las publicaciones de prensa de las agrupaciones y de los medios de comunicación, el lugar que ocupan en la estructura de las organizaciones y gremios cada uno de los imputados”.
La CTA-A rechaza y repudia el asedio judicial
La CTA-A Córdoba repudió en un comunicado de prensa la ofensiva política, judicial y mediática contra los movimientos populares y remarcó que “en lugar de atender la agenda de necesidades que plantean la pobreza, la falta de trabajo, el hambre y la inseguridad, el Gobierno -a través de la Justicia adicta- persiga y procese a los que salimos a la calle para denunciar la crisis económica y social que se lleva puesto los derechos básicos a una vida digna que padece la inmensa mayoría de la población”.
“Es inaceptable que ante la crisis social y económica imperante, donde la lucha necesariamente se profundiza, las prácticas persecutorias y criminalizadoras de la protesta social se refuercen. Una decisión de estas características pretende constituirse en un mecanismo disciplinador y de amedrentamiento para quienes luchan frente a tantas injusticias”, enfatiza la nota.
Y agrega: “Seguiremos denunciando e interviniendo cada vez que los reclamos genuinos y legítimos de la clase trabajadora se resuelvan criminalizando y judicializando la protesta. Ni luchar ni protestar es delito. Desde nuestra organización no claudicaremos en este reclamo, menos aún cuando tocan a un compañero, y seguiremos exigiendo el cese de la persecución política. Rechazamos la imputación y nos convocamos a redoblar fuerzas para poner freno al destino que quieren imponer a dirigentes y luchadores populares”.
“El Gobierno y la Justicia de Córdoba tienen que tener ‘tolerancia cero’ con la corrupción, la inseguridad que golpea a los que menos tienen, la violencia institucional de la Policía, el hambre y la marginalidad crecientes, en lugar de asediar a los que luchan para que vuelva a imperar la Justicia Social en la provincia y el país”, remata la declaración de la CTA-A de la provincia de Córdoba.
