Lo expresó Marita Sosa, trabajadora del PaiCor en Río Tercero, sobre la situación laboral de las trabajadoras y auxiliares del Programa de Asistencia Integral Córdoba
Sosa es una referente y trabajadora de las tantas que dicen “basta” a los bajos salarios.
El pasado diciembre del 2022, el Gobierno de Córdoba anunció un incremento de los fondos enviados por el Ministerio de Educación a municipios y comunas destinados al pago de auxiliares escolares y al mejoramiento del salario de los empleados de PaiCor.
Ante este anuncio, Sosa expresó que: “Las auxiliares estamos igual que siempre ya que el aumento que se anunció con tanta publicidad, se hizo efectivo en abril; esto quiere decir que el primer cuatrimestre inflacionario ya se lo absorbió”. Y, en consecuencia, agregó: “Entonces el «salario» vuelve a estar por debajo de la indigencia”.
Una historia de precarización
El Programa de Asistencia Integral Córdoba surge en la capital cordobesa en 1984. El objetivo de éste era dar respuesta a la emergencia alimentaria que amenazaba la seguridad de los hogares en situación de pobreza. Se desarrolla en zonas rurales y urbanas bajo diferentes modalidades de instrumentación.
Si bien, la finalidad de este programa contempla una gran inclusión y seguridad social, las trabajadoras y auxiliares que lo sostienen son dejadas de lado. “Está situación laboral hace más de 20 años que existe; el gobierno de Schiaretti nos tiene aún en un plan social, no como trabajadoras efectivas del Estado» manifestó Sosa.
Y agregó que, el hecho de que estén registradas allí, significa que: “Estamos sin aportes jubilatorios, sin aguinaldo, sin seguros y con una obra social sin carga familiar…es decir que no podemos tener a nuestros hijos en la mutual”.
Actualmente, más de 6 mil trabajadoras y auxiliares de Córdoba, están siendo explotadas. No obstante, la cifra parece no alcanzar para que se visibilice su situación y se proporcionen soluciones.
“Queremos pase a planta permanente, sin quite de antigüedad, estabilidad laboral y dignidad para quiénes hoy sufrimos discriminación por parte del Estado Provincial… Ningún ejecutivo parece recordar ni aplicar lo que nuestra Constitución dice”, finalizó Sosa.