A pocos días de que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar se pronuncie sobre el reclamo argentino, el canciller ratificó el rechazo a la explotación de hidrocarburos en las islas. El Gobierno pidió suspender las operaciones y busca ampliar las sanciones contra las empresas involucradas.
El Gobierno argentino volvió a cuestionar el avance del proyecto petrolero Sea Lion en las Islas Malvinas y espera una definición internacional sobre su pedido para frenar las actividades de explotación de hidrocarburos. El canciller Pablo Quirno ratificó la posición diplomática del país y confirmó que la Argentina busca impedir que las operaciones avancen mientras continúa la controversia por la soberanía del territorio.
La expectativa oficial está puesta en la resolución del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en Hamburgo, Alemania, que tiene previsto comunicar el próximo 28 de noviembre su decisión sobre las medidas provisionales solicitadas por el Gobierno argentino.
“Estamos hoy ante una intención del Reino Unido de explotar petróleo en las Islas Malvinas, cosa que nosotros evidentemente no aceptamos”, sostuvo Quirno durante una entrevista televisiva. El funcionario explicó que la presentación ante el organismo internacional apunta a detener las tareas vinculadas al emprendimiento antes de que se resuelva la disputa mediante el arbitraje correspondiente.
Qué reclama Argentina ante el Tribunal del Mar
La presentación diplomática y judicial busca que el Reino Unido suspenda las actividades de explotación petrolera en la cuenca norte de las islas. El planteo también contempla que no se otorguen nuevas autorizaciones para operar en la zona, que se preserven los datos obtenidos durante las tareas de exploración y que se adopten medidas para proteger el medio marino.
El objetivo es evitar que la extracción de hidrocarburos se concrete antes de que exista una definición sobre los derechos que reclama la Argentina. “Nosotros hemos pedido que paren esta explotación antes de que se haga el arbitraje”, remarcó el canciller.
Quirno también señaló que el reclamo argentino continuará más allá de la decisión que adopte el tribunal respecto de las medidas cautelares. De esta manera, la posición del Gobierno se mantiene centrada en cuestionar las actividades petroleras impulsadas sin autorización argentina en un área cuya soberanía se encuentra en disputa.
Empresas que se alejaron del proyecto Sea Lion
En paralelo a las gestiones diplomáticas, el emprendimiento enfrenta dificultades vinculadas con la participación de empresas contratistas. Según informó la petrolera británica Rockhopper Exploration ante la Bolsa de Londres, dos compañías proveedoras de servicios, una inglesa y otra israelí, comunicaron que no continuarán con los trabajos previstos por temor a eventuales sanciones y consecuencias legales.
A ese escenario se sumó la situación del astillero singapurense Seatrium, que analiza la posibilidad de cancelar el contrato para acondicionar el buque Aoka Mizu. La embarcación es una pieza importante para las futuras operaciones de extracción y almacenamiento del crudo.
Pese a estas complicaciones, Rockhopper indicó que, por el momento, no prevé modificaciones significativas en el cronograma de desarrollo de Sea Lion. El proyecto está encabezado por la compañía israelí Navitas Petroleum, que posee la participación mayoritaria, junto con la firma británica.
El Gobierno busca endurecer las sanciones
La estrategia argentina también contempla avanzar sobre el marco legal para limitar la participación de compañías extranjeras en actividades hidrocarburíferas en las aguas cercanas a Malvinas.
En ese sentido, la administración de Javier Milei impulsa un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que propone ampliar las restricciones y las herramientas de sanción contra las empresas que intervengan en operaciones sin autorización argentina.
Sin embargo, la iniciativa encontró un obstáculo en el Congreso: durante la última semana no pudo ser tratada en la Cámara de Diputados por falta de quórum.
Así, el Gobierno mantiene dos frentes abiertos frente al desarrollo de Sea Lion: por un lado, la vía diplomática y el reclamo ante los organismos internacionales; por otro, la búsqueda de instrumentos legislativos para limitar las actividades petroleras en la zona. La resolución prevista para el 28 de noviembre será el próximo capítulo de esa estrategia, aunque no definirá por sí sola la controversia de fondo sobre la soberanía de las Islas Malvinas.
