La Libertad Avanza reunió apoyos de la UCR, el PRO y legisladores provinciales para avanzar con la reforma electoral. La sesión está prevista para este jueves y el oficialismo calcula entre 37 y 40 votos para aprobar el proyecto.

El Gobierno nacional se encamina a conseguir un nuevo triunfo legislativo con la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) previstas para 2027. La Libertad Avanza (LLA) logró reunir el respaldo de sectores de la oposición dialoguista y buscará llevar la iniciativa al recinto del Senado este jueves, con una mayoría que, según sus cálculos, estaría asegurada.

La estrategia oficial apunta a aprobar una reforma electoral acotada, con eje en la eliminación de las primarias del calendario del próximo año y la incorporación de modificaciones vinculadas al sistema de candidaturas y otras reglas electorales. Después de obtener dictamen en comisión, el oficialismo avanzó en las negociaciones para garantizar los votos necesarios en la Cámara alta.

La iniciativa requiere 37 voluntades para su aprobación. LLA cuenta con 21 senadores propios y logró compromisos de acompañamiento de la UCR, el PRO y representantes de fuerzas provinciales, lo que le permitiría superar el umbral de mayoría absoluta.

Las gestiones estuvieron encabezadas por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, junto con la titular del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, en conversaciones con gobernadores y referentes parlamentarios. El miércoles pasado, el proyecto consiguió 11 firmas en comisión, suficientes para habilitar su tratamiento.

Los aliados que sostendrían la votación

El principal respaldo llegaría de la bancada radical, que reúne diez senadores y se encamina a acompañar la suspensión de las primarias. La postura se consolidó a partir de los acuerdos políticos con los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Alfredo Cornejo (Mendoza), Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Leandro Zdero (Chaco).

Entre los legisladores que apoyarían la iniciativa se encuentran Rodolfo Suárez y Mariana Juri, de Mendoza; Eduardo Galaretto y Carolina Losada, de Santa Fe; Silvina Schneider, de Chaco; Mercedes Valenzuela y Eduardo Vischi, de Corrientes; Maximiliano Abad, de Buenos Aires; Flavio Fama, de Catamarca; y Daniel Kroneberger, de La Pampa.

El PRO también comprometió sus tres votos, en línea con los acuerdos alcanzados con Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos; Ignacio Torres, de Chubut; y Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño. Martín Goerling, María Victoria Huala y Andrea Marcela Cristina conforman ese grupo, al que se sumaría Edith Terenzi, legisladora chubutense cercana a Torres.

Con esos respaldos, el oficialismo alcanzaría 35 votos y quedaría a dos de la mayoría necesaria. La diferencia podría completarse con los senadores de Provincias Unidas Carlos “Camau” Espínola y Alejandra Vigo, quienes firmaron el dictamen en disidencia parcial, además de Julieta Corroza, alineada con el gobernador neuquino Rolando Figueroa.

También aparecen como posibles aliados José Carambia y Natalia Gadano, representantes de Santa Cruz. Si todos estos apoyos se consolidan, el Gobierno podría llegar a los 40 votos.

Los votos todavía en negociación

La Casa Rosada todavía sigue de cerca la posición de algunos bloques provinciales. Los senadores que responden a los gobernadores Gustavo Sáenz, de Salta, y Hugo Passalacqua, de Misiones, no definieron formalmente su postura.

En ese grupo se encuentran Flavia Royón, por Salta, y Carlos Arce y Sonia Decut Rojas, por Misiones. Sus votos no están contabilizados, por ahora, en la proyección oficialista.

En Catamarca, el gobernador Raúl Jalil expresó su respaldo a la suspensión de las primarias, aunque aún resta confirmar la posición de Guillermo Andrada. El senador integra Convicción Federal, espacio en el que conviven distintas posturas.

La tucumana Sandra Mendoza adelantó su rechazo, en sintonía con el gobernador Osvaldo Jaldo, mientras que Carolina Moisés, representante de Jujuy, todavía no definió cómo votará.

En la vereda opuesta se ubica el bloque Justicialista, que reúne 22 integrantes y es presidido por José Mayans. La bancada rechaza la iniciativa del Gobierno, al igual que los representantes del Frente Cívico de Santiago del Estero, vinculados al exgobernador Gerardo Zamora, y el monobloque Justicia Federal Social, conducido por Fernando Salino.

También se posiciona en contra Beatriz Ávila, senadora de Independencia y alineada con el mandatario tucumano.

Qué cambia con la reforma electoral

La suspensión de las PASO para 2027 es el eje central del proyecto. De aprobarse, los partidos deberán definir sus candidaturas a través de internas partidarias o acuerdos de consenso, según las reglas establecidas en sus respectivas cartas orgánicas.

La propuesta también incorpora el mecanismo de Ficha Limpia, que impediría competir electoralmente a personas con condenas en segunda instancia por delitos dolosos, siempre que las sentencias hayan sido comunicadas antes del 31 de diciembre del año previo a los comicios.

Entre las modificaciones al sistema de votación se contempla la posibilidad de elegir una lista completa, una alternativa que contrasta con el esquema aplicado en las elecciones nacionales de 2025, cuando los votantes debieron seleccionar cada categoría de manera individual.

Además, se prevé restituir el 50% de los espacios de publicidad electoral gratuita que los medios deben ceder a las agrupaciones políticas y habilitar la simultaneidad de elecciones nacionales y provinciales, con la posibilidad de utilizar boleta única para las categorías locales cuando ambas votaciones coincidan.

La reforma también contempla cambios en la elección de representantes del Parlamento del Mercosur. Se mantendrá suspendida la elección directa y los integrantes serán designados por las legislaturas provinciales y el Congreso, de acuerdo con la distribución prevista en el proyecto.

Por último, el texto elimina restricciones a actividades comerciales, culturales y sociales durante las jornadas electorales, habilita la afiliación partidaria digital mediante mecanismos de validación de identidad y modifica el régimen de debates presidenciales, que dejarían de ser obligatorios antes de la primera vuelta y se mantendrían para un eventual balotaje.

Si el Senado consigue aprobar la iniciativa, el Gobierno trasladará la discusión a Diputados durante el período de sesiones extraordinarias, con el objetivo de completar la reforma y definir las reglas que regirán la competencia electoral de 2027.

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