La Asociación Gremial Docente advirtió que el dictamen aprobado en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados contempla recursos inferiores a los que necesitan las universidades nacionales para funcionar. El proyecto será tratado en el recinto el próximo 25 de noviembre.
La Asociación Gremial Docente (AGD) expresó su rechazo al dictamen de mayoría del proyecto de Presupuesto Nacional 2027, al advertir que contempla una asignación de fondos para las universidades nacionales un 33% inferior a la necesaria para garantizar su funcionamiento.
El pronunciamiento se conoció luego de que la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados avanzara con la firma del dictamen, que habilita el tratamiento de la iniciativa en el recinto, previsto para el próximo 25 de noviembre.
Desde el gremio docente cuestionaron el esquema presupuestario y señalaron que la reducción de recursos impactaría sobre distintas áreas del sistema universitario, entre ellas los salarios, las becas estudiantiles y los gastos básicos de funcionamiento.
Según plantearon, las restricciones presupuestarias podrían comprometer el desarrollo de las actividades académicas y afectar tanto la enseñanza de grado como las tareas de investigación científica y tecnológica.
En el comunicado, la organización sindical también cuestionó la orientación de la política educativa del Gobierno nacional. Consideró que el recorte no constituye solamente una medida de ajuste, sino que pone en riesgo la continuidad y el desarrollo de la educación superior pública.
Un reclamo de cara al tratamiento en Diputados
Ante la próxima discusión parlamentaria, la AGD anticipó que reclamará a los diputados y diputadas que introduzcan modificaciones al dictamen durante el debate en el recinto.
El gremio convocó a sostener el reclamo en defensa de las universidades nacionales y remarcó la importancia de la unidad de los distintos sectores de la comunidad educativa.
La discusión presupuestaria se suma así al conflicto por el financiamiento universitario, en un escenario en el que los recursos destinados al funcionamiento de las casas de altos estudios y las condiciones laborales de sus trabajadores vuelven a ocupar un lugar central en el debate educativo nacional.
