El Senado de la Nación respaldó con amplio consenso en comisión el proyecto de ley que busca garantizar la continuidad de los principales beneficios del sistema de discapacidad y convertir en permanente el régimen que actualmente tiene carácter de emergencia. La iniciativa, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, será debatida en el recinto el próximo 19 de noviembre.
El dictamen recibió el acompañamiento de La Libertad Avanza, el bloque Justicialista, el PRO, la UCR y distintas bancadas provinciales. El objetivo es establecer un marco legal que permita sostener las prestaciones y los derechos contemplados en la Ley 27.793, cuya vigencia como régimen de emergencia finaliza el 31 de diciembre.
El tratamiento se realizó en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano, presididas por Agustín Monteverde y Alicia Kirchner, respectivamente.
Qué beneficios contempla el proyecto de discapacidad
Uno de los puntos centrales de la iniciativa es mantener la compatibilidad entre el cobro de una pensión no contributiva por discapacidad y el acceso a un empleo formal o la inscripción en el monotributo. Esta posibilidad estará sujeta a que los ingresos no superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles.
La pensión prevista equivale al 70% del haber jubilatorio mínimo y alcanza a los titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD). El proyecto busca evitar que las personas deban renunciar a esa prestación por incorporarse al mercado laboral.
También establece la continuidad del régimen de empleo protegido y de los beneficios para los empleadores que contraten trabajadores con discapacidad por tiempo indeterminado. A esto se suma la garantía de cobertura básica de salud mediante el programa federal Incluir Salud para quienes perciban la pensión.
Otro aspecto relevante es la conservación del nomenclador único de prestaciones y la actualización automática y periódica de sus aranceles, de acuerdo con el índice de movilidad jubilatoria, vinculado al Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Bullrich y Di Tullio destacaron la necesidad de garantizar continuidad
Durante el debate, la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, defendió el consenso alcanzado y señaló que la discusión legislativa debe permitir encontrar una solución que supere el esquema de emergencia.
La senadora también destacó la importancia de sostener la compatibilidad entre pensiones y empleo. Consideró que el trabajo constituye una herramienta fundamental para la integración y la autonomía de las personas con discapacidad.
Por su parte, la senadora justicialista Juliana Di Tullio anticipó el acompañamiento de su bloque al dictamen. Sostuvo que el objetivo es brindar certezas antes del vencimiento de la emergencia, previsto para el 31 de diciembre.
«Vamos a acompañar este dictamen para que haya certezas y para que el 31 de diciembre la emergencia en discapacidad no se caiga», expresó.
Alejandra Vigo cuestionó el tratamiento del proyecto
Una de las voces críticas fue la senadora cordobesa Alejandra Vigo, quien anticipó que solicitará modificaciones a la iniciativa. Su principal cuestionamiento estuvo relacionado con la falta de consultas a los organismos y organizaciones vinculados con la temática.
«Este proyecto de ley no fue tratado con los responsables en el tema de discapacidad. Empezando por el Estado nacional, que es la autoridad de aplicación y debe procurar los fondos, y siguiendo por las organizaciones del COFEDIS que tampoco fueron consultadas», afirmó.
La legisladora puso así el foco en la participación de los organismos responsables y en la necesidad de garantizar los recursos para implementar las disposiciones de la futura ley.
Financiamiento, auditorías y pago a prestadores
El proyecto también incorpora disposiciones vinculadas con el financiamiento del sistema. En ese sentido, establece que la asignación presupuestaria del Ministerio de Salud no podrá ser inferior, en términos reales, a la correspondiente al ejercicio fiscal anterior.
En materia de control, crea un sistema de auditorías periódicas que contempla el intercambio de información entre distintos organismos públicos. Entre ellos se encuentran la ANSES, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y el Registro Nacional de las Personas (RENAPER).
El mecanismo deberá funcionar bajo el principio del debido proceso inclusivo, con el objetivo de establecer controles sobre las prestaciones sin desconocer las garantías de sus titulares.
Además, a pedido de los bloques aliados, se incorporó una cláusula transitoria que establece un cronograma para cancelar las compensaciones adeudadas a los prestadores. También fija un plazo máximo de 30 días para que el Poder Ejecutivo reglamente la norma una vez sancionada.
Un proyecto que busca reemplazar el régimen de emergencia
La iniciativa se denomina Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad y reproduce prácticamente todo el esquema de beneficios de la Ley 27.793, aunque modifica su carácter temporal para establecer un marco permanente y de orden público.
El debate en el Senado se produce en un contexto de reclamos de organizaciones, prestadores y familias por la continuidad de las prestaciones y la previsibilidad del financiamiento. La aprobación de la norma es también una condición planteada por distintos bloques aliados para evitar que el vencimiento de la emergencia deje al sector sin un marco legal que garantice los beneficios.
Con el dictamen de comisión, el proyecto quedó habilitado para su tratamiento en el recinto. El próximo paso será la sesión prevista para el 19 de noviembre, cuando el Senado deberá definir si convierte en ley la iniciativa que ya obtuvo media sanción en Diputados.