El Congreso de la Nación sancionó apenas 11 leyes durante 2025, la cifra más baja desde el retorno de la democracia, en 1983. El dato surge de un informe del Observatorio del Control Público (OCP) de la Fundación Éforo, que analizó el funcionamiento del Poder Legislativo argentino durante los últimos 42 años.
El promedio histórico supera las 122 leyes por año, por lo que la producción legislativa de 2025 quedó muy por debajo de los registros habituales. El estudio atribuye esta caída, principalmente, a los cambios en la composición parlamentaria y al crecimiento de la fragmentación política.
El documento, titulado Congreso de la Nación Argentina: análisis institucional histórico del Poder Legislativo (1983-2025), fue elaborado a partir de datos públicos oficiales y examina la evolución de la actividad legislativa, los vetos presidenciales, la aprobación de los presupuestos y el cumplimiento de mandatos establecidos en la Constitución Nacional.
La fragmentación parlamentaria y la caída de las leyes aprobadas
Uno de los principales factores identificados por el informe es la composición del Congreso en cada período. La cantidad de bancas del oficialismo y su capacidad para construir mayorías inciden directamente en las posibilidades de avanzar con proyectos y convertirlos en leyes.
Un ejemplo de esa relación se observa en 2014, cuando el oficialismo contaba con mayoría propia y se sancionaron 191 leyes, el registro anual más alto desde 1983.
En contraste, la Cámara de Diputados experimentó una creciente fragmentación. En los primeros años de la democracia funcionaba principalmente con dos grandes bloques, el peronismo y el radicalismo. Sin embargo, en 2017 llegó a tener más de 40 bloques, varios de ellos integrados por tres legisladores o menos.
Esa transformación también se refleja en los promedios de producción legislativa. Entre 1994 y 1998 se aprobaron 154 leyes por año, mientras que en el período 2019-2023 el promedio descendió a 59.
El Congreso recibe entre 2.000 y 4.000 proyectos por año, pero menos del 1% logra convertirse en ley. En 2022, por ejemplo, se presentaron alrededor de 3.000 iniciativas y se sancionaron solamente 37.
El informe sostiene que la fragmentación parlamentaria modifica la dinámica de trabajo legislativo: aumenta la cantidad de proyectos presentados, reduce la tasa de conversión y limita el número de leyes aprobadas.
Los vetos presidenciales desde el retorno de la democracia
Otro de los aspectos analizados es el uso del veto presidencial. Desde 1983 hasta 2025 se registraron 417 vetos, de los cuales 201 fueron totales y 216 parciales.
Casi la mitad correspondieron a los gobiernos de Carlos Menem, con 195 vetos. Le siguieron Ricardo Alfonsín, con 49, y Fernando de la Rúa, con 46.
En el caso de Javier Milei, el relevamiento contabilizaba nueve vetos hasta septiembre de 2025. De ese total, el Congreso consiguió insistir exitosamente en tres oportunidades.
Dos años consecutivos sin una nueva Ley de Presupuesto
El informe también señala una particularidad institucional de los últimos años: 2024 y 2025 fueron los primeros dos ejercicios consecutivos sin una nueva ley de Presupuesto desde la recuperación democrática.
En ambos períodos se prorrogó el Presupuesto correspondiente a 2023. Según el relevamiento, desde 1983 hubo cinco ejercicios en los que el Congreso no logró sancionar una nueva ley presupuestaria: 2011, 2020, 2022, 2024 y 2025.
La aprobación del presupuesto es una de las principales atribuciones del Poder Legislativo, ya que establece las previsiones de recursos y gastos del Estado nacional para cada ejercicio.
Los mandatos de la Constitución que siguen pendientes
El análisis de Fundación Éforo también identifica compromisos institucionales que permanecen sin resolver, a pesar de los años transcurridos desde la reforma constitucional de 1994.
Uno de ellos es la sanción de una nueva Ley de Coparticipación Federal. A más de tres décadas de aquella reforma, continúa vigente el régimen considerado transitorio, establecido en 1988.
El estudio también advierte que ninguna ley fue sancionada a partir de una iniciativa popular, mecanismo de participación ciudadana incorporado en la reforma constitucional.
Otro punto señalado es la distribución de bancas en la Cámara de Diputados, que continúa tomando como referencia el censo de 1980. De acuerdo con el informe, si se aplicaran los datos del censo de 2022, la Cámara debería contar con 363 integrantes, es decir, 106 más que los actuales. La provincia de Buenos Aires incorporaría 42 bancas.
Al analizar los resultados del relevamiento, Carla Pitiot, vicepresidenta de Fundación Éforo y directora del Observatorio del Control Público, destacó la importancia de observar la evolución del Poder Legislativo desde una perspectiva histórica.
“La mirada histórica permite observar algo más amplio: cómo las instituciones se adaptan a las transformaciones políticas y sociales que atraviesan al país”, sostuvo.
Los datos del informe muestran que la actividad legislativa no depende únicamente de la cantidad de proyectos presentados, sino también de la capacidad de los distintos espacios políticos para construir acuerdos y sostener mayorías en el Congreso.