La reorganización del Senado reactivó la discusión por los representantes parlamentarios en el organismo que interviene en la selección y remoción de jueces. El oficialismo y el PJ defienden criterios contrapuestos para distribuir los lugares, con la posibilidad de una nueva controversia judicial como telón de fondo.
La nueva composición del Senado abrió una disputa institucional que promete tensar la relación entre La Libertad Avanza y el peronismo. El punto de conflicto es la representación de la Cámara alta en el Consejo de la Magistratura, un organismo estratégico para el funcionamiento del Poder Judicial.
El ingreso del senador riojano Fernando Rejal al bloque Justicialista alteró la relación numérica entre las principales bancadas. Con ese movimiento, el espacio que conduce José Mayans pasó a ocupar el lugar de primera minoría, una condición que el peronismo buscará hacer valer para quedarse con dos de los cuatro representantes del Senado en el Consejo.
El oficialismo, sin embargo, no está dispuesto a aceptar ese reparto sin objeciones. Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario, cuestiona que un cambio en la integración de las bancadas permita modificar la distribución de los lugares. La controversia podría trasladarse a los tribunales si no hay acuerdo sobre el criterio que debe prevalecer.
El trasfondo es el peso que tiene el Consejo de la Magistratura en la arquitectura judicial: participa en los procesos de selección de magistrados y en los mecanismos vinculados con su eventual remoción. Por eso, la renovación de sus integrantes se convirtió en una negociación que supera la discusión por los nombres.
La disputa revive una controversia de la etapa kirchnerista
El antecedente que condiciona la discusión se remonta a 2022. En aquel momento, el bloque oficialista del Frente de Todos se dividió en dos espacios, una decisión que modificó la distribución de las representaciones senatoriales en el Consejo.
La entonces vicepresidenta Cristina Kirchner quedó en el centro de aquella controversia. La fragmentación de una bancada de 35 integrantes en el Frente Nacional y Popular, con 21 senadores, y Unidad Ciudadana, con 14, permitió al oficialismo de entonces designar a tres de los cuatro representantes de la Cámara alta: Mariano Recalde, Anabel Fernández Sagasti y Martín Doñate.
El reparto fue impugnado por el entonces senador opositor Luis Juez y la disputa terminó ante la Corte Suprema. El máximo tribunal rechazó la maniobra y dispuso que Juez ocupara el lugar reclamado.
Ese episodio constituye ahora una referencia central para los libertarios, que consideran que la reorganización de los bloques no debería convertirse en una herramienta para alterar la representación en el Consejo. El peronismo, por su parte, buscará sostener su reclamo a partir de la nueva correlación parlamentaria.
La resolución política sobre los lugares tendrá como protagonista a Victoria Villarruel, en su condición de presidenta del Senado. Si las posiciones se mantienen enfrentadas, el antecedente judicial de 2022 podría volver a tener relevancia.
Los candidatos, sujetos al reparto de bancas
La negociación ya tiene nombres en circulación, aunque la distribución definitiva de los lugares condicionará las postulaciones. Por el peronismo aparecen Eduardo “Wado” de Pedro y Sergio Uñac, dos dirigentes con recorridos políticos propios dentro del espacio.
En el oficialismo libertario se mencionan a la senadora Nadia Márquez y a Belén Monte de Oca. La representación restante también depende de las conversaciones con el radicalismo, donde todavía no está definido si continuará Eduardo Vischi o si avanzará la opción de Maximiliano Abad, vicepresidente de la Comisión de Acuerdos.
La definición no se limita a una selección de postulantes: cada lugar supone una representación política dentro de un organismo en el que confluyen legisladores, jueces, abogados, académicos y el Poder Ejecutivo.
En Diputados también se negocia el reparto
La renovación de los representantes de la Cámara baja tiene su propia disputa. La Libertad Avanza pretende ocupar dos de los cuatro lugares y busca mantener a Gonzalo Roca, quien asumió en diciembre en reemplazo de la radical Roxana Reyes. Entre las alternativas también figura el santafesino Nicolás Mayoraz.
El peronismo quiere conservar dos representantes, aunque la distribución parlamentaria podría dejarlo con uno. En las conversaciones aparecen Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade, mientras que el Frente Renovador también procura tener presencia en la delegación.
Otro de los nombres en juego es el de Álvaro González, que busca continuar en el Consejo con el respaldo de sectores del PRO, la UCR y otros espacios que integran el interbloque Fuerzas del Cambio.
La renovación de un organismo de 20 integrantes
El Consejo de la Magistratura cuenta con 20 miembros y es presidido por el titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. Su integración incluye ocho representantes del Congreso, cuatro jueces, cuatro abogados, dos integrantes del ámbito académico y científico y un representante del Poder Ejecutivo.
Los mandatos son de cuatro años. En el actual proceso de renovación, los representantes de los abogados ya fueron definidos: Alberto Biglieri, Claudia Sarmiento, Itatí Demarchi Arballo y Fernando Levene. Por el estamento judicial ingresarán Marcelo Gallo Tagle, Juan Manuel Culotta, Gabriela Vázquez y Paula Castro.
La incógnita se concentra ahora en el Congreso. La resolución sobre sus representantes determinará cómo se distribuye la presencia de las principales fuerzas políticas en el Consejo y si la discusión por la primera minoría logra resolverse en el ámbito parlamentario o deriva en una nueva batalla judicial.