El fiscal municipal Ricardo Muñoz calificó el caso como “un hecho grave” y señaló que la investigación apunta a presuntos delitos de falsedad ideológica y defraudación al Estado. Según pudo reconstruir CbaHoy, la operatoria habría involucrado cheques de un programa de asistencia para el alquiler destinado a personas en situación de calle. La agente señalada fue apartada y se inició el proceso administrativo para dejar sin efecto su nombramiento.
La Municipalidad de Río Cuarto amplió la denuncia penal por una presunta maniobra de desvío de fondos públicos en la Subsecretaría de Hábitat. El fiscal municipal, Ricardo Muñoz, confirmó que la presentación apunta a posibles delitos de falsedad ideológica y defraudación al Estado, entre otros, y advirtió sobre la gravedad del caso por el perjuicio económico que habría sufrido el erario público.
“Es un hecho grave porque implica una defraudación al Estado, un abuso de confianza y un desvío de fondos públicos”, sostuvo Muñoz al brindar detalles sobre la investigación. Según explicó, la maniobra habría consistido en utilizar información falsa para inducir a error a funcionarios municipales y conseguir el libramiento de cheques que luego eran endosados a nombre de la agente señalada.
De acuerdo con datos recabados por CbaHoy, el monto de la operatoria investigada superaría los 7 millones de pesos. La práctica habría sido sistemática y su registro inicial se remontaría a julio de este año, aunque la cifra y el alcance de los movimientos deberán ser establecidos en el marco de la investigación judicial.
Cómo habría funcionado la maniobra
La operatoria habría involucrado recursos de un programa municipal que funciona desde hace tiempo en la Subsecretaría de Hábitat y que contempla asistencia para el pago de alquileres de personas en situación de calle.
Según pudo reconstruir este medio, la trabajadora habría gestionado la firma de cheques vinculados a ese programa y posteriormente los habría endosado a su propio nombre para cobrarlos. La irregularidad fue advertida por integrantes de la propia Subsecretaría y luego contrastada con información de la entidad bancaria en la que se hicieron efectivos los valores.
Muñoz confirmó que la Fiscalía Municipal reunió documentación vinculada con rendiciones de cuentas, auditorías, imágenes de cheques presuntamente endosados de manera ilegal y movimientos bancarios que podrían contribuir a determinar las responsabilidades.
“Utilizaba información falsa, inducía a engaño y error a los funcionarios para el libramiento de esos cheques de manera ilegal, que además los endosaba a su nombre”, explicó el fiscal municipal.
La denuncia y el apartamiento de la agente
De acuerdo con la información recabada por CbaHoy, la primera denuncia fue presentada ante la Justicia el 9 de octubre y ampliada ante el juzgado el 13 de octubre. La detección inicial estuvo a cargo de funcionarios de la Subsecretaría de Hábitat, que advirtieron la operatoria y dieron aviso a las autoridades. Posteriormente, a partir de una auditoría y de información aportada por la Secretaría de Economía, la Fiscalía Municipal amplió la presentación y solicitó constituirse como querellante particular.
Muñoz precisó que la denuncia está dirigida contra una agente contratada del Municipio, conforme a la documentación y los elementos reunidos hasta el momento. La mujer se desempeñaba en el área de Hábitat desde 2013 y formaba parte de la planta de contratados municipal desde 2011.
En paralelo a la investigación penal, el Ejecutivo dispuso su apartamiento y suspensión de funciones, además del inicio de un procedimiento disciplinario para dejar sin efecto su nombramiento.
El fiscal señaló que la Fiscalía Municipal también solicitó intervenir como actor civil, con el objetivo de contribuir al esclarecimiento de los hechos y reclamar el recupero de los fondos y el resarcimiento económico a favor del Estado.
La investigación queda en manos de la Justicia
Muñoz aclaró que los detalles vinculados con los montos, las fechas y el conjunto de movimientos detectados forman parte de la investigación y que la determinación de las responsabilidades penales corresponde al Ministerio Público Fiscal.
La causa deberá establecer el alcance de la presunta maniobra, el perjuicio económico definitivo y las eventuales responsabilidades que pudieran surgir de la documentación incorporada.
“Es un hecho grave por el perjuicio estatal”, insistió el fiscal, quien también destacó la necesidad de una respuesta rápida del Ministerio Público Fiscal. Mientras avanza la investigación, el Municipio aseguró que tomó medidas para garantizar la continuidad del programa de asistencia y evitar que la situación afecte a sus beneficiarios.