La secretaria general de Salud y Desarrollo Humano de la Provincia de Córdoba, Liliana Montero, cuestionó la reducción de medicamentos del Plan Remediar dispuesta por el Gobierno nacional y calificó la medida como parte de un “genocidio sanitario”. La funcionaria advirtió sobre las consecuencias que, según planteó, puede tener el recorte para las personas que dependen del sistema público de salud y no cuentan con recursos para comprar sus tratamientos.
“Cuando hablo de genocidio sanitario del Gobierno nacional no lo digo como una consigna vacía. Lo digo porque detrás de cada recorte hay personas que sufren, familias que no pueden pagar un medicamento y tratamientos que se interrumpen”, expresó Montero en una publicación en redes sociales.
La funcionaria también cuestionó la magnitud de la decisión y sostuvo que el recorte se realiza “de manera drástica y cruel”. En ese sentido, afirmó: “Reventar el Remediar es reventar una de las políticas sanitarias más importantes de los últimos 20 años. Es gravísimo”.
Qué cambió en el Plan Remediar
Las declaraciones de Montero se conocieron luego de que el Ministerio de Salud de la Nación modificara el listado de medicamentos esenciales vinculados al programa. Según informó Chequeado, mediante la Resolución 1477/2026, publicada en el Boletín Oficial el 15 de octubre, la cartera sanitaria derogó el listado anterior y aprobó uno nuevo con seis principios activos.
La nueva nómina incluye ácido acetilsalicílico (aspirina), atorvastatina, candesartán, hidroclorotiazida, ramipril y rosuvastatina. Se trata de medicamentos utilizados, entre otros fines, para prevenir eventos cardiovasculares, controlar la presión arterial y tratar niveles elevados de colesterol.
Entre los fármacos que ya no figuran en el listado se encuentran la amoxicilina, utilizada como antibiótico; la metformina, indicada para la diabetes tipo 2; la levotiroxina, empleada en el tratamiento del hipotiroidismo, y el salbutamol, utilizado para tratar enfermedades respiratorias como el asma. También quedaron afuera medicamentos como la loratadina, el fluconazol y determinados anticonceptivos.
Según los fundamentos de la resolución citados por Chequeado, el Ministerio de Salud justificó la actualización en la necesidad de adecuar las prioridades sanitarias a la evidencia científica y al perfil epidemiológico de la población. La norma establece, además, que el listado tiene carácter orientativo para las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tienen responsabilidades en la provisión de medicamentos en los centros de atención primaria.
Menos presupuesto y tratamientos entregados
La modificación del listado se suma a la reducción de los recursos destinados al programa. De acuerdo con datos de la Subsecretaría de Presupuesto de la Nación citados por Chequeado, el presupuesto del Plan Remediar registró una caída del 72% en términos reales entre 2023 y 2026.
El programa fue creado en 2002, después de la crisis económica y social de 2001, con el objetivo de garantizar el acceso gratuito a medicamentos esenciales a través de su distribución en centros de atención primaria y hospitales públicos.
La reducción de las partidas también se reflejó en la cantidad de tratamientos dispensados. Un informe del Centro de Implementación e Innovación en Políticas de Salud (CIIPS), del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS), consignó que las entregas pasaron de 37,1 millones de tratamientos en 2022 a 14,1 millones en 2025.
La disminución de la cobertura genera preocupación por sus posibles efectos sobre personas con enfermedades crónicas, pacientes que necesitan medicamentos para afecciones agudas y familias que dependen exclusivamente de la atención pública. El impacto concreto, sin embargo, puede variar según la capacidad de cada provincia para cubrir con recursos propios los medicamentos que dejan de llegar desde Nación.
En ese escenario, las declaraciones de Montero suman la posición del Gobierno de Córdoba al debate sobre el alcance de los cambios en el programa nacional.
La discusión plantea un interrogante sobre la capacidad de respuesta de los sistemas sanitarios provinciales frente a una menor provisión nacional, especialmente para quienes no tienen cobertura médica y necesitan medicamentos de manera continua.