La Argentina pidió medidas provisionales para impedir el avance del proyecto Sea Lion, impulsado por empresas británicas e israelíes al norte de las islas. La presentación llegó tras vencer el plazo que el Ejecutivo había dado al Reino Unido para detener las actividades.
El Gobierno de Javier Milei presentó este martes ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, un pedido de medidas provisionales para frenar la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte, donde se desarrolla el proyecto petrolero Sea Lion.
La presentación se realizó luego de que venciera el lunes el plazo de dos semanas que la Argentina había otorgado al Reino Unido para detener las actividades vinculadas con la iniciativa. Según informó la Oficina del Presidente, el objetivo es preservar los derechos soberanos argentinos sobre la plataforma continental y evitar que el avance del proyecto agrave la disputa entre ambos países.
El pedido no implica una suspensión automática de las operaciones. El tribunal deberá analizar los argumentos argentinos y determinar si corresponde imponer restricciones mientras avanza el procedimiento arbitral por el conflicto.
La estrategia había sido anunciada por Milei el 28 de septiembre, cuando instruyó a la Cancillería y a los equipos legales del Estado a iniciar un arbitraje bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). La gestión está a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores, encabezado por Pablo Quirno, junto con la Consejería Legal Internacional y la Procuración del Tesoro.
Cómo es el proyecto petrolero Sea Lion
El desarrollo está a cargo de Navitas Petroleum, que posee el 65% del proyecto, y de la británica Rockhopper Exploration, titular del 35% restante. El yacimiento se encuentra a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas.
Las empresas prevén iniciar las perforaciones de desarrollo en 2027 y comenzar la producción comercial durante el primer trimestre de 2028. Para el Gobierno argentino, la explotación unilateral de esos recursos vulnera sus derechos soberanos y contradice los llamados de Naciones Unidas a evitar modificaciones unilaterales mientras continúe la disputa.
El Tribunal del Mar deberá evaluar si se cumplen las condiciones establecidas por la CONVEMAR para dictar medidas provisionales, entre ellas la urgencia de proteger los derechos en discusión. La presentación no busca que ese organismo resuelva la soberanía territorial de las islas, sino que se pronuncie sobre las obligaciones marítimas que la Argentina considera vulneradas.