Los bloques opositores reclamarán al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, que se amplíen los fondos para las universidades y se reviertan recortes en discapacidad. El funcionario defenderá este martes el proyecto ante la comisión de Presupuesto de Diputados.
El debate por el Presupuesto 2027 comenzará este martes en la Cámara de Diputados con cuestionamientos de la oposición y también de bloques aliados al Gobierno nacional. Entre los principales reclamos figuran el financiamiento de las universidades públicas y los cambios previstos en las partidas destinadas a personas con discapacidad.
El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, expondrá al mediodía ante la comisión de Presupuesto, presidida por Bertie Benegas Lynch, para defender el proyecto de gastos y recursos elaborado por el Ejecutivo.
El oficialismo buscará reunir apoyos de espacios como la UCR, Provincias Unidas y Argentina Federal, cuyos votos resultan importantes para avanzar con la iniciativa. Sin embargo, esos bloques también plantean objeciones a los recursos previstos para las universidades y a las disposiciones vinculadas con discapacidad.
Universidades, en el centro del reclamo
El diputado de Unión por la Patria Guillermo Michel informó que su bloque pidió garantizar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, a partir de un reciente fallo judicial.
La bancada opositora también solicitó incrementar las partidas presupuestarias para las casas de estudio. Según el planteo, los recursos adicionales podrían compensarse con una reducción de los fondos asignados a la jurisdicción de Obligaciones a Cargo del Tesoro, sin modificar el resultado financiero previsto para 2027.
El proyecto del Gobierno contempla 7,7 billones de pesos para las universidades, mientras que los rectores reclaman alrededor de 11 billones para cumplir con la legislación vigente.
La exigencia de garantizar esos recursos no se limita al peronismo: también fue planteada por sectores dialoguistas que el oficialismo necesita para construir acuerdos parlamentarios.
Discapacidad, otro frente de conflicto
El segundo eje de discusión será el financiamiento de las políticas de discapacidad. El proyecto presupuestario incluyó cuatro artículos que modifican disposiciones centrales de la Ley 27.793, que declaró la emergencia en la materia hasta fines de 2026.
La propuesta generó objeciones de distintos bloques, incluidos aliados del oficialismo. En ese contexto, La Libertad Avanza impulsa una iniciativa para sostener parte de las disposiciones cuestionadas, mientras que la oposición busca extender la emergencia por un año más.
El dictamen promovido por el oficialismo y bloques aliados tendría un impacto fiscal de 600.000 millones de pesos para 2027, recursos que deberían incorporarse al presupuesto para asegurar el respaldo de esos espacios.
El proyecto contempla, además, 7,25 billones de pesos para el área de discapacidad. De ese total, 6,094 billones se destinarían a pensiones no contributivas por invalidez laboral y alrededor de 1,1 billones a la atención médica de sus beneficiarios.
Entre los puntos cuestionados también figura la eliminación del artículo que establecía un nomenclador único nacional para las prestaciones, una modificación que podría terminar con la uniformidad de los aranceles.
A esos reclamos se sumarán pedidos de fondos para obras públicas y compensaciones para las cajas jubilatorias provinciales. Así, el Gobierno deberá defender su esquema de gastos ante una oposición que buscará introducir cambios y aliados que condicionan su apoyo a la incorporación de recursos.