El abogado Gregorio Dalbón solicitó la detención del ministro de Economía, Luis Caputo, del presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, y del director de la entidad, Juan Curutchet, en el marco de la investigación por las operaciones con derivados de oro realizadas durante 2025.
El planteo apunta a determinar si hubo irregularidades en las operaciones financieras y en el manejo de información sobre el oro del Banco Central. El pedido de detención constituye una solicitud de parte y no implica que los funcionarios hayan sido condenados ni que los delitos denunciados estén probados.
En declaraciones televisivas, Dalbón sostuvo que los hechos deberían investigarse bajo las figuras de defraudación en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. También mencionó la posible asociación ilícita y planteó que la Justicia deberá determinar las responsabilidades individuales.
Qué medidas pidió el abogado
Además de solicitar las detenciones, el letrado propuso una serie de restricciones para los funcionarios involucrados. Entre ellas, incluyó la prohibición de salir del país, el acceso a determinadas áreas del BCRA y del Ministerio de Economía donde pudiera existir documentación vinculada con la investigación y la comunicación con funcionarios, auditores o testigos.
Dalbón argumentó que, aunque a su criterio no existiría peligro de fuga, sí habría riesgo de obstrucción de la investigación. En ese sentido, afirmó que durante una auditoría se habrían detectado inconsistencias en las explicaciones oficiales.
Las afirmaciones corresponden al abogado y deberán ser evaluadas por las autoridades judiciales. La información aportada no permite establecer por sí sola si el juez interviniente concedió las medidas solicitadas ni cuál es el estado procesal actualizado del expediente.
El resultado negativo de las operaciones con derivados
Según los datos contables citados por Dalbón, las operaciones con derivados sobre el oro habrían registrado un resultado negativo de aproximadamente 1.023 millones de dólares durante 2025.
El escrito mencionado desglosa ese resultado en unos 960,2 millones de dólares correspondientes a pérdidas por opciones y otros 62,8 millones de dólares vinculados con primas de opciones. Las cifras surgen de los importes en pesos consignados en la presentación, según la información publicada por la agencia Noticias Argentinas.
En paralelo, la tenencia de oro del BCRA registró una ganancia por diferencias de cotización de $8.002.500 millones, de acuerdo con los datos contables citados en la denuncia. Para evaluar el impacto económico global, es necesario distinguir entre los resultados de los derivados financieros y la variación del valor del oro en cartera.
El material también señala que el Banco Central concertó operaciones con derivados liquidables en dólares con fines de cobertura y que, al cierre de 2025, ya no mantenía posiciones de ese tipo. [VERIFICAR] el informe original de auditoría, la metodología de cálculo y el tratamiento contable de cada operación antes de publicar las cifras como resultados definitivos.
Una denuncia previa por el destino del oro
El caso se suma a la denuncia que la diputada nacional Marcela Pagano dijo haber presentado contra Caputo y Bausili. El 10 de agosto, la legisladora publicó en la red social X que había denunciado penalmente a ambos funcionarios y sostuvo que casi cuatro billones de pesos en fondos públicos no tenían un destino públicamente trazable.
Pagano cuestionó entonces una respuesta atribuida al titular del BCRA sobre la ubicación de los activos y reclamó explicaciones acerca de las operaciones, las decisiones adoptadas y los responsables.
Sus declaraciones constituyen la posición de la legisladora dentro de la controversia. Para establecer el alcance de esa presentación y su relación con el pedido formulado por Dalbón, es necesario consultar los escritos judiciales y las resoluciones correspondientes.
Qué deberá determinar la Justicia
La investigación deberá establecer cómo se realizaron las operaciones con derivados, cuáles fueron sus resultados económicos, qué documentación respalda las decisiones adoptadas y si existieron conductas que puedan encuadrarse en alguno de los delitos mencionados.
Dalbón señaló al juez Ariel Lijo y al fiscal Eduardo Taiano como responsables de avanzar con las averiguaciones, y manifestó que esperaba que se analizaran las medidas solicitadas.