El plan prevé hasta US$13,9 millones de asistencia estadounidense, un centro nacional de monitoreo y la revisión de las redes informáticas del Estado.
El Gobierno argentino avanza en negociaciones con Estados Unidos para fortalecer la ciberseguridad en Argentina, con un programa que contempla revisar las redes informáticas de la administración pública, sustituir progresivamente equipamiento tecnológico de origen chino considerado sensible y crear un centro nacional de operaciones para detectar y responder a ataques informáticos.
La iniciativa se encuentra en etapa de diseño y prevé una asistencia de hasta US$13,9 millones por parte del Departamento de Estado estadounidense, durante un período de hasta tres años. El proyecto apunta a mejorar la protección de los sistemas gubernamentales y de la infraestructura crítica, además de reducir la dependencia de proveedores tecnológicos que Washington considera riesgosos para la seguridad.
Sin embargo, el financiamiento anunciado no implica que Estados Unidos vaya a cubrir la totalidad de los costos de renovación tecnológica. Según información publicada por medios nacionales, la Argentina deberá afrontar principalmente la compra del nuevo equipamiento y buena parte de los gastos necesarios para implementar el programa.
Un centro nacional para monitorear las redes estatales
Uno de los ejes centrales del proyecto es la creación de un Centro Nacional de Operaciones de Seguridad (SOC), que funcionaría bajo la órbita del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC). La estructura buscará centralizar tareas que actualmente se distribuyen entre distintas dependencias y fortalecer la coordinación ante incidentes informáticos.
Entre sus funciones previstas se encuentran la supervisión permanente de las redes estatales, la centralización de alertas, el análisis de amenazas digitales y la detección de comportamientos anómalos. También se proyecta establecer mecanismos para coordinar respuestas ante ataques que puedan afectar servicios públicos o infraestructura estratégica.
El programa incluye, además, asistencia técnica para revisar normas, protocolos de intercambio de información y procedimientos de actuación entre organismos. Otro componente será la capacitación de especialistas argentinos en análisis de amenazas, ciberdefensa y gestión de incidentes.
Revisión de equipos y reemplazo progresivo de tecnología china
La primera etapa contempla un relevamiento de centros de datos, sistemas y redes de organismos nacionales. El objetivo será elaborar un inventario de la infraestructura existente, identificar equipos considerados sensibles y establecer prioridades para su eventual reemplazo.
De acuerdo con la información difundida sobre las negociaciones, entre los objetivos figura retirar progresivamente equipamiento de origen chino utilizado en sectores de las redes gubernamentales. Las empresas de ese país, entre ellas Huawei, forman parte de las preocupaciones planteadas por Washington en relación con la seguridad de las comunicaciones y la protección de información estratégica.
El alcance concreto de la sustitución, los organismos alcanzados y el cronograma de implementación deberán definirse durante el desarrollo del programa. Por el momento, la iniciativa no equivale a una renovación ya ejecutada, sino a un proceso de evaluación y planificación tecnológica.
La estrategia de Estados Unidos y las advertencias sobre China
El proyecto se inscribe en una política más amplia de Estados Unidos para promover el uso de proveedores que considera confiables en áreas estratégicas, como las telecomunicaciones, los centros de datos y las redes digitales de los gobiernos.
El embajador estadounidense en la Argentina, Peter Lamelas, ha expresado públicamente sus cuestionamientos al uso de tecnología china en sectores sensibles. Según la postura de Washington, las obligaciones legales que rigen a determinadas empresas podrían generar riesgos para la información que administran y para la seguridad de las infraestructuras donde operan.
Esas advertencias forman parte de la posición del Gobierno estadounidense y no deben confundirse con la comprobación de que un equipo específico haya sido utilizado para realizar espionaje o vulnerar sistemas argentinos. La evaluación de cada tecnología requiere análisis técnicos y evidencia concreta.
En paralelo, el Gobierno argentino deberá definir cómo se financiará la renovación de los equipos, qué estándares se aplicarán a las futuras contrataciones y qué mecanismos garantizarán la continuidad de los servicios públicos durante una eventual migración tecnológica.
La iniciativa abre así una nueva etapa de cooperación entre Buenos Aires y Washington en materia digital, con implicancias tanto para la seguridad informática del Estado como para la política de adquisición de tecnología estratégica.