El máximo tribunal redujo de 72 a 24 horas el plazo para cuestionar la incorporación de dos conjueces al expediente. La causa incluye un pedido cautelar que podría volver a limitar la compra de campos por parte de extranjeros.
La Corte Suprema de Justicia aceleró el trámite de una causa que volvió a poner en discusión la derogación de la Ley de Tierras impulsada por el DNU 70/23 del Gobierno de Javier Milei.
A través de una resolución firmada este miércoles, el máximo tribunal redujo de 72 a 24 horas el plazo para que las partes cuestionen la incorporación de los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci, quienes aceptaron intervenir en el expediente. La Corte justificó la decisión por “las particulares circunstancias de la causa” y habilitó días y horas inhábiles para completar el trámite.
La relevancia del expediente está dada por un pedido de medida cautelar que, si fuera admitido, podría volver a establecer provisoriamente las restricciones para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros que regían antes de la derogación de la Ley 26.737.
Un planteo diferente al de los excombatientes
La causa fue iniciada por la Asociación Civil Árbol de Pie, las comunidades indígenas Lafkenche y Lof Fvta Anecon y la legisladora rionegrina Magdalena Odarda. Los demandantes cuestionan el artículo 154 del DNU 70/23, que derogó el régimen de protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de tierras rurales.
El expediente había quedado relacionado con el iniciado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que también había cuestionado la derogación de la ley.
Sin embargo, la semana pasada la Corte rechazó la demanda del CECIM por una cuestión de legitimación y no se pronunció sobre la constitucionalidad del artículo 154. El nuevo planteo busca precisamente que el tribunal aclare si aquel fallo tiene algún efecto sobre esta causa.
Los integrantes de Árbol de Pie sostienen que su situación es diferente porque invocan derechos vinculados con la protección ambiental, la biodiversidad y los territorios ancestrales de comunidades indígenas, y no solamente argumentos relacionados con la soberanía nacional.
Dos conjueces para completar el tribunal
La incorporación de Barroetaveña y Pérez Curci responde a la falta de una posición común entre los tres integrantes actuales de la Corte: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Ante esa situación, ambos magistrados fueron sorteados como conjueces para intervenir en el expediente.
Barroetaveña es presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, mientras que Pérez Curci preside la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza.
Con la reducción del plazo para objetar su incorporación, la Corte busca completar rápidamente la integración del tribunal. Una vez cumplido ese paso, deberá avanzar sobre la presentación de Árbol de Pie y determinar el alcance que tendrá el expediente.
El punto central será la medida cautelar pendiente. Si el máximo tribunal decidiera hacer lugar al pedido, podría modificar provisoriamente el escenario generado por la derogación de la Ley de Tierras. La propia Corte había aclarado, después de su fallo sobre el CECIM, que esa sentencia no implicaba pronunciarse sobre la validez constitucional del artículo 154 ni afectaba otras medidas cautelares que estuvieran en trámite.
Así, la reducción del plazo a apenas 24 horas deja el expediente en condiciones de avanzar hacia una nueva instancia judicial sobre uno de los puntos más discutidos del DNU 70/23.