El juez federal Martín Cormick le dio cinco días al Estado nacional para cumplir con la medida cautelar que ordena aplicar la ley. La resolución quedó firme tras un fallo de la Corte Suprema en junio.
La Justicia volvió a intimar al Gobierno nacional para que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario. El juez federal Martín Cormick estableció un plazo de cinco días para que el Estado acate la medida cautelar vigente, bajo apercibimiento de aplicar sanciones económicas.
La nueva resolución reitera una intimación que ya había sido emitida y exige al Poder Ejecutivo Nacional que cumpla con lo dispuesto en el expediente. El magistrado advirtió que, en caso de incumplimiento, podrán aplicarse astreintes, es decir, multas destinadas a forzar el cumplimiento de una orden judicial.
La medida cautelar se encuentra firme luego de que la Corte Suprema de Justicia se pronunciara sobre el expediente en junio pasado.
Paro universitario de 72 horas
La nueva intimación judicial se conoce mientras los gremios universitarios llevan adelante un paro nacional de 72 horas, iniciado este miércoles y previsto hasta el viernes 2 de octubre.
La medida reclama el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial para docentes y trabajadores del sector. La protesta alcanza a universidades públicas de todo el país y fue impulsada por organizaciones gremiales como CONADU y CONADU Histórica.
El conflicto combina así el reclamo judicial por la aplicación de la ley con la discusión salarial que mantienen los sindicatos universitarios con el Gobierno.
El conflicto por el financiamiento
La controversia comenzó a profundizarse el año pasado, cuando el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó acciones judiciales ante la falta de aplicación de la normativa sancionada por el Congreso.
La ley establece mecanismos de actualización del financiamiento universitario y contempla medidas vinculadas con los salarios del personal docente y no docente.
Desde el Gobierno nacional sostienen que la aplicación de la norma requiere recursos que no están contemplados dentro de las restricciones presupuestarias vigentes.
Con la nueva resolución, el Ejecutivo dispone ahora de cinco días para cumplir con la cautelar, mientras continúa el conflicto entre las universidades, los gremios y el Gobierno por el financiamiento del sistema universitario.