Solicitaron la detención de Diego Spagnuolo ante el juez Ariel Lijo por nuevas irregularidades detectadas en contrataciones de la ANDIS.
El abogado Gregorio Dalbón solicitó este lunes la detención del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades y coimas en el organismo.
El pedido fue presentado ante el juez federal Ariel Lijo y se fundamentó, según el escrito, en nuevos elementos incorporados a la investigación sobre las contrataciones realizadas durante la gestión de Spagnuolo.
La presentación se produjo luego del procesamiento del ex funcionario en la causa, en la que se investigan presuntos hechos de corrupción vinculados con la compra de medicamentos e insumos médicos.
Las irregularidades señaladas en la ANDIS
De acuerdo con el escrito al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, los nuevos informes incorporados al expediente habrían detectado diferencias de precios de gran magnitud, pagos duplicados, errores de categorización y adquisiciones en las que los productos entregados no se correspondían con los adjudicados.
Dalbón sostuvo que estos elementos no representarían un hecho aislado, sino una serie de operaciones que involucrarían a distintos proveedores y modalidades de contratación durante el período en que Spagnuolo estuvo al frente de la ANDIS.
El abogado planteó que las presuntas irregularidades podrían haber provocado una afectación del patrimonio público. Se trata, no obstante, de hechos que forman parte de una investigación judicial y cuya responsabilidad deberá determinarse en el marco del proceso.
El pedido de detención y los argumentos
En su presentación, Dalbón también hizo referencia al procesamiento de Spagnuolo, quien es señalado en el expediente como presunto jefe de una asociación ilícita que habría direccionado compras de medicamentos e insumos médicos hacia determinados laboratorios y empresas, a cambio de presuntas coimas y sobreprecios.
El abogado argumentó además que existiría riesgo de entorpecimiento de la investigación. En ese sentido, planteó ante el juez la posibilidad de que el ex funcionario pudiera destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar elementos de prueba.
También señaló un eventual riesgo de influencia sobre testigos o peritos que participan de la causa y pidió que se evalúe la existencia de peligro de fuga.
La causa continúa bajo investigación y las acusaciones mencionadas en la presentación judicial deberán ser acreditadas mediante las pruebas incorporadas al expediente y las decisiones que adopte la Justicia.