La iniciativa surge en un contexto en el que, según el propio documento presentado, se desfinanciaron o eliminaron 48 de las 50 políticas nacionales de cuidado vigentes en los últimos años.
Un amplio arco de organizaciones sociales, sindicales, feministas y académicas presentó el Acuerdo Nacional por los Cuidados, una propuesta que busca instalar el cuidado —de infancias, personas mayores, personas con discapacidad y comunidades enteras— como una política de Estado y no como una responsabilidad individual, mayormente a cargo de las mujeres.
La convocatoria es impulsada desde el espacio La cocina de los cuidados, que reúne, entre otras referentes, a Norma Morales y Dina Sánchez de la UTEP, al padre Francisco «Paco» Oliveira de la Fundación Isla Maciel, a la Asociación Civil La Poderosa y a la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), junto con legisladoras, académicas y organizaciones de todo el país.
El cuidado como inversión, no como gasto
El eje central de la propuesta discute una idea instalada en el debate público: que las políticas de cuidado son un costo fiscal. El documento sostiene lo contrario y las presenta como una inversión estratégica capaz de generar empleo, ampliar la participación laboral de quienes hoy sostienen tareas no remuneradas y fortalecer la autonomía de personas mayores y con discapacidad.
«Los cuidados son una inversión estratégica que mejora la calidad de vida, genera empleo, reduce desigualdades y fortalece el desarrollo económico.»
Según las proyecciones incluidas en el material, un sistema integral de cuidados podría generar 1,8 millones de puestos de trabajo. Además, si las tareas de cuidado no remuneradas —que hoy recaen mayoritariamente sobre las mujeres— se pagaran como servicios de mercado, representarían hasta el 21% del PBI argentino.
Un sistema desmantelado
El diagnóstico que motoriza la propuesta describe un retroceso sostenido de las políticas públicas de cuidado en simultáneo con el aumento del costo de vida, el endeudamiento de las familias y la pobreza. El documento cuantifica ese retroceso en varios indicadores:
Algunos datos del diagnóstico:
- 48 de 50 políticas nacionales de cuidado fueron eliminadas o desfinanciadas
- Las becas Progresar pasaron de 1,8 millones de beneficiarios a 950.000
- Los afiliados de PAMI con medicamentos cubiertos cayeron de 4,6 millones a 1.600.000
- 4 de cada 10 niños y niñas viven en situación de pobreza
- El 98,6% de los hogares con personas que requieren cuidados resuelve esa necesidad con trabajo no remunerado
- La licencia por paternidad es de apenas dos días, la más baja de la región
Qué propone el Acuerdo
La iniciativa no se presenta como un conjunto de medidas aisladas, sino como un reordenamiento de responsabilidades entre el Estado, las familias, las comunidades, las organizaciones sociales, los sindicatos y el sector privado. Entre los ejes que desarrolla el documento se destacan:
- Licencias por nacimiento, adopción y crianza igualitarias, obligatorias e intransferibles
- Universalización de la educación pública temprana, desde los primeros meses hasta los tres años
- Registro, formación y salarios dignos para trabajadoras y trabajadores del cuidado, un sector que hoy emplea a 3,4 millones de personas y podría llegar a 5,2 millones
- Reconocimiento como trabajo de las tareas que realizan cerca de 250 mil cuidadoras comunitarias en comedores, merenderos y espacios educativos de todo el país
- Sistemas previsionales que contemplen los años dedicados a tareas de cuidado
- Políticas diferenciadas según las realidades territoriales, dado que las mujeres del Noroeste argentino dedican una hora más de trabajo no remunerado por día que las de la Patagonia
Adhesiones
El documento incluye un extenso listado de adhesiones que reúne organizaciones de derechos humanos, colectivos feministas, sindicatos, centros de estudios universitarios, concejos deliberantes de distintos puntos del país y agrupaciones territoriales, entre ellas la CTA, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.