El sindicato STVyARA cuestionó el manejo de fondos destinados a rutas nacionales y alertó por nuevas concesiones privadas y retiros voluntarios.
El Sindicato Trabajadores Viales y Afines (STVyARA) se declaró en estado de alerta frente a la evaluación del Gobierno nacional para incorporar 26 nuevos tramos de rutas nacionales al sistema de concesiones privadas.
El gremio sostuvo que existe un proceso de debilitamiento de Vialidad Nacional y cuestionó el destino de los recursos asignados por ley a la infraestructura vial. Según documentación oficial que el sindicato asegura haber reconstruido, entre 2024 y mayo de 2026 se recaudaron $1.503.252 millones destinados al sistema vial, mientras que solamente se ejecutaron $394.406 millones en obras.
La diferencia, de acuerdo con la denuncia sindical, supera $1 billón. El STVyARA afirmó que, al 31 de mayo de 2026, esos recursos permanecían inmovilizados en plazos fijos y títulos públicos.
El sindicato también señaló que posteriormente el Poder Ejecutivo reconoció que parte de esos fondos era administrada por el Ministerio de Economía en el marco de las políticas destinadas a sostener el equilibrio fiscal.
El reclamo del sindicato por los fondos viales
La secretaria general del STVyARA, Graciela Aleñá, cuestionó que el Gobierno sostenga que no existen recursos suficientes para el mantenimiento de las rutas mientras fondos recaudados específicamente para el sistema vial permanecen fuera de las obras.
“¿Cómo puede afirmarse que no existen recursos para mantener las rutas, mientras más de un billón de pesos recaudados para el sistema vial permanece fuera del asfalto?”, planteó la dirigente.
El gremio calificó el proceso como un “ruticidio” y denunció un supuesto “vaciamiento deliberado de Vialidad Nacional” que, según su interpretación, contribuiría a generar las condiciones para avanzar con la privatización y el cobro de peajes en más de 9.000 kilómetros de la Red Vial Nacional.
Estas afirmaciones corresponden al sindicato y no implican, por sí mismas, una constatación independiente de las acusaciones formuladas. [VERIFICAR] el detalle de la documentación oficial mencionada por el gremio y la totalidad de los fondos incluidos en el cálculo.
Viales cuestionan las nuevas concesiones
Otro de los puntos planteados por STVyARA es la relación entre el nuevo esquema de concesiones y la situación interna de Vialidad Nacional.
Según el sindicato, el organismo conservaría responsabilidades legales vinculadas con la auditoría y el control de los kilómetros de rutas que sean entregados en concesión privada. Al mismo tiempo, cuestionó la implementación de un segundo programa de Retiro Voluntario destinado a reducir la cantidad de trabajadores.
Para Aleñá, la reducción de personal podría afectar la capacidad técnica del organismo para ejercer las tareas de fiscalización.
“No se puede exigir más control con menos Vialidad. Se debilita la capacidad técnica pública para después utilizar ese deterioro como argumento para privatizar y contratar empresas externas”, sostuvo la dirigente.
El gremio también rechazó que las decisiones sobre infraestructura vial sean evaluadas exclusivamente bajo criterios de rentabilidad económica privada. Su posición es que las rutas nacionales constituyen un servicio cuya planificación y mantenimiento deben contemplar criterios vinculados con la conectividad territorial y las necesidades del Estado.
Finalmente, Aleñá cuestionó la secuencia que, según el sindicato, se estaría produciendo con el sistema vial nacional: reducción de recursos, paralización de obras, disminución de personal y posterior utilización del deterioro como argumento para avanzar con concesiones.
“No aceptamos que primero se desfinancie, después se paralice, posteriormente se reduzca personal y finalmente se utilice el deterioro resultante como argumento para retirar al Estado”, afirmó.