Ariel Guzmán dejó su cargo luego de una reunión con el ministro de Defensa, Carlos Presti. La salida ocurre cuando el organismo mantiene una deuda superior a $200.000 millones con prestadores y persisten problemas con la cobertura médica.
El coronel mayor retirado Ariel Guzmán renunció como administrador encargado de la disolución y liquidación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), en medio de las dificultades que atraviesa el proceso de transición hacia las nuevas obras sociales creadas por el Gobierno.
La salida se produjo luego de una reunión que Guzmán mantuvo el miércoles con el ministro de Defensa, Carlos Presti. Según trascendió, el funcionario le pidió que dejara el cargo debido a su disconformidad con los tiempos del proceso de liquidación. La renuncia se conoce mientras el organismo mantiene un pasivo con prestadores que ronda los $213.000 millones.
Guzmán había sido designado en febrero para conducir la transición prevista por el Decreto 88/2026, que dispuso la disolución de IOSFA y la creación de dos nuevas estructuras: la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), dependiente de Defensa, y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG), bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional.
Una transición con dos estructuras
El esquema diseñado por el Gobierno separó las funciones que hasta ahora estaban concentradas en IOSFA. La nueva OSFA comenzó a recibir los aportes correspondientes a los afiliados de las Fuerzas Armadas, mientras que la estructura residual del IOSFA quedó a cargo del proceso de liquidación y de las obligaciones acumuladas.
El problema es que la transición todavía no terminó de completarse. El decreto establece que el período de transición puede extenderse hasta 365 días y contempla que IOSFA continúe garantizando determinadas prestaciones mientras se concreta el traspaso de afiliados.
En la práctica, el organismo en liquidación continúa interviniendo en la atención médica mientras acumula obligaciones. Según información difundida en las últimas horas, IOSFA comunicó a sus prestadores que las prestaciones continúan bajo su responsabilidad y pidió que las facturas no sean emitidas a nombre de OSFA.
Ese esquema es uno de los puntos que quedaron expuestos antes de la salida de Guzmán. El administrador había advertido sobre la dificultad de sostener la atención con una estructura que avanza hacia su disolución y, al mismo tiempo, continúa recibiendo obligaciones vinculadas con prestaciones médicas.
El conflicto por el plazo de las prestaciones
Otro de los puntos de tensión estuvo relacionado con el plazo fijado para que IOSFA dejara de brindar atención a través de su red de prestadores.
Guzmán había manifestado su preocupación porque el presidente del directorio de OSFA, Pablo Guillermo Plaza, había solicitado que la estructura residual de IOSFA continuara utilizando su red prestacional más allá del 30 de septiembre, fecha prevista originalmente para finalizar esa etapa.
La diferencia expone una de las dificultades centrales del proceso: mientras la nueva obra social busca consolidar su funcionamiento, el organismo que debe desaparecer continúa sosteniendo parte de la atención y acumulando obligaciones que deberán ser contempladas en su liquidación.
El Decreto 88/2026 estableció que, una vez concretado el traspaso definitivo de los afiliados, los aportes y contribuciones habituales dejarían de ingresar a IOSFA y pasarían a las nuevas obras sociales. También dispuso que el Poder Ejecutivo deberá instrumentar las medidas necesarias para cancelar los pasivos del organismo.
Deuda, prestaciones y conflicto laboral
La situación financiera se convirtió en uno de los principales problemas de la transición. La deuda con prestadores supera los $200.000 millones, mientras distintos reportes señalan dificultades para sostener prestaciones y normalizar los pagos.
A este escenario se suma el conflicto con la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). El gremio convocó a una protesta frente a la sede central de la obra social y sostiene que están en riesgo alrededor de 600 puestos de trabajo como consecuencia de la reorganización.
ATE también denunció interrupciones en prestaciones y cuestionó el futuro de establecimientos vinculados con IOSFA. Entre ellos aparecen farmacias, centros médicos y complejos turísticos, cuya continuidad o transferencia forma parte del proceso de reorganización. Esas denuncias corresponden al sindicato y no implican, por sí mismas, una confirmación oficial de esas cifras.
La protesta se produce en un momento particularmente sensible para el organismo: mientras avanza la liquidación, todavía permanecen pendientes la resolución del pasivo, la normalización de las prestaciones y la definición sobre el destino de parte de la estructura que pertenecía al viejo IOSFA.
La salida de Guzmán, designado apenas en febrero para conducir la transición, agrega ahora un nuevo cambio en un proceso que el Gobierno había diseñado con un plazo máximo de un año para completar la disolución del instituto.