El oficialismo presentó este martes en la Cámara de Diputados un nuevo proyecto de Discapacidad que busca reemplazar el régimen de emergencia vigente por un esquema permanente de protección y prestaciones para las personas con discapacidad.
La iniciativa fue presentada ante legisladores de bloques aliados y dialoguistas, en la previa del plenario de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda previsto para este miércoles. El texto incorpora varios de los principales reclamos planteados durante las negociaciones parlamentarias de las últimas semanas.
Según el proyecto, el objetivo es fortalecer de manera permanente la previsibilidad, transparencia y eficiencia de las políticas públicas destinadas a las personas con discapacidad, además de garantizar la continuidad de las prestaciones y los derechos establecidos.
Uno de los puntos centrales es la continuidad de la Pensión No Contributiva por Discapacidad, que mantendría su actualización mensual vinculada a la inflación. También se establece que el beneficio será compatible con un empleo registrado cuando los ingresos de la persona beneficiaria no superen el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles.
Qué cambia respecto del Presupuesto 2027
La propuesta representa una modificación respecto del esquema que el Poder Ejecutivo había incorporado originalmente en el proyecto de Presupuesto 2027. Allí se planteaban cambios que eliminaban, entre otros aspectos, la compatibilidad entre la pensión y el empleo registrado dentro del límite de dos salarios mínimos.
El nuevo texto también mantiene el principio de un nomenclador único para las prestaciones y establece una actualización automática mensual de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad.
Además, plantea que las compensaciones adeudadas a los prestadores deberán ser abonadas de acuerdo con un cronograma de pagos. La iniciativa incorpora una cláusula transitoria destinada a garantizar el cumplimiento de esas obligaciones.
Otro de los puntos incluidos es la cobertura médica para quienes perciban la pensión, a través del programa de protección de salud correspondiente. La normativa vigente ya contempla el derecho de los titulares de la pensión a prestaciones básicas de salud.
Auditorías y financiamiento del sistema
El proyecto también contempla un sistema de auditorías periódicas mediante el cruce de información entre bases de ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER, bajo un procedimiento que el texto define como de debido proceso inclusivo.
En materia presupuestaria, la iniciativa establece que los gastos derivados de la aplicación de la futura ley deberán ser afrontados con partidas específicas y que el crédito presupuestario deberá garantizar la sostenibilidad del sistema.
El texto agrega que esas partidas no podrán ser inferiores, en términos reales, a las correspondientes al ejercicio inmediato anterior. También dispone que la Jefatura de Gabinete podrá realizar las reasignaciones presupuestarias necesarias durante el primer ejercicio de vigencia para asegurar la continuidad de las prestaciones y beneficios.
La propuesta fue presentada durante una reunión realizada en el Salón de Honor de la Presidencia de la Cámara de Diputados. Participaron representantes de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y distintos bloques provinciales y federales. El presidente de la Cámara, Martín Menem, se incorporó cuando el encuentro ya había comenzado y respaldó el avance de las negociaciones.
La discusión continuará este miércoles
El oficialismo buscará avanzar este miércoles desde las 12 con el tratamiento del proyecto en el plenario de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda.
De acuerdo con lo informado sobre las negociaciones, los bloques que participaron de la reunión acompañarían el dictamen impulsado por el oficialismo, junto con Independencia y Por Santa Cruz. De concretarse ese respaldo, la iniciativa tendría una mayoría en comisión.
En paralelo, Unión por la Patria, sectores de Provincias Unidas y el Frente de Izquierda insistirán con la prórroga de la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad, cuya vigencia está prevista hasta el 31 de diciembre.
El diputado de Provincias Unidas Pablo Juliano cuestionó la nueva propuesta y sostuvo que el oficialismo busca mantener los principales contenidos de la emergencia bajo un nuevo esquema. Desde Unión por la Patria también plantearon dudas sobre la suficiencia de las partidas presupuestarias destinadas a sostener el sistema.
La Ley 27.793 establece actualmente, entre otros aspectos, la compatibilidad de la pensión con el trabajo formal hasta un ingreso equivalente a dos salarios mínimos y contempla mecanismos de financiamiento y actualización de las prestaciones.