La Cámara Federal confirmó el procesamiento del ex titular de ANDIS en la causa que investiga presuntas coimas y contrataciones direccionadas.
La Justicia confirmó este martes el procesamiento de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en la causa que investiga presuntas irregularidades, coimas y contrataciones direccionadas en la compra de medicamentos e insumos.

La decisión fue adoptada por los jueces Roberto Boico y Eduardo Farah, integrantes de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones, según informó la Agencia Noticias Argentinas. La resolución también alcanzó a otras 18 personas investigadas en el expediente.

El procesamiento no implica una condena: se trata de una decisión judicial adoptada durante la etapa de investigación penal. En el expediente se investiga la presunta existencia de una organización destinada a obtener beneficios económicos ilegítimos mediante contrataciones dentro del organismo.

Qué investiga la causa ANDIS

Según la hipótesis sostenida por el fiscal Franco Picardi, Spagnuolo habría encabezado un esquema mediante el cual se habrían solicitado coimas para direccionar contrataciones hacia determinados laboratorios y proveedores de medicamentos e insumos.

Los jueces de la Cámara Federal señalaron que, de acuerdo con los elementos incorporados al expediente, se habrían realizado contrataciones direccionadas y con sobreprecios con el objetivo de obtener ganancias indebidas. También consideraron que el ex funcionario habría tenido intervención en las maniobras investigadas dentro del organismo que estaba bajo su conducción.

El procesamiento de Spagnuolo había sido dictado originalmente en febrero de este año por el entonces juez federal Sebastián Casanello. En aquella resolución también fueron procesadas otras personas vinculadas con la investigación.

La causa quedó posteriormente bajo la intervención del juez federal Ariel Lijo, quien subroga el Juzgado Federal N° 11. El expediente continúa con distintas medidas destinadas a determinar las responsabilidades de los involucrados y esclarecer el funcionamiento del supuesto esquema.

La situación de los audios atribuidos a Spagnuolo

Uno de los elementos centrales de la investigación son una serie de audios atribuidos al ex titular de ANDIS, cuyo contenido dio origen al escándalo público.

La Justicia ordenó realizar peritajes para establecer el origen y la autenticidad de las grabaciones. Durante las últimas semanas surgieron nuevos elementos y controversias alrededor del material analizado.

La defensa de Spagnuolo cuestionó el procedimiento y sostuvo que los archivos incorporados al expediente no necesariamente coincidirían con las grabaciones que fueron difundidas públicamente. El planteo fue rechazado por el juez Ariel Lijo, quien permitió que continuara el análisis forense.

En septiembre, además, trascendió que los peritos habían detectado cortes y ediciones en algunos de los archivos analizados. Ese hallazgo fue presentado como preliminar y todavía existen aspectos del peritaje que deben ser establecidos formalmente en el expediente.

Por este motivo, las grabaciones continúan siendo objeto de análisis judicial. Las conclusiones definitivas sobre su origen, integridad y contenido dependerán de las pericias y de las decisiones que adopten los magistrados intervinientes.

El desfasaje de $158.717 millones en ANDIS

La confirmación del procesamiento se conoció después de que trascendiera una auditoría sobre los registros internos de la Agencia Nacional de Discapacidad.

Según informó La Nación, el relevamiento detectó un desfasaje de aproximadamente $158.000 millones relacionado con diferencias entre los registros contables y las obligaciones vinculadas con el área de discapacidad. El análisis alcanzó el período correspondiente a la gestión de Spagnuolo.

El dato forma parte del contexto de la investigación, aunque el desfasaje contable y las presuntas coimas constituyen cuestiones que deben diferenciarse dentro del expediente. La existencia de una diferencia en los registros no determina por sí misma la responsabilidad penal de una persona.

La Cámara Federal deberá continuar evaluando los elementos reunidos en la causa y las distintas situaciones procesales de los imputados. Mientras tanto, la investigación seguirá bajo la conducción del juez Ariel Lijo, con nuevas medidas destinadas a establecer cómo funcionaban las contrataciones cuestionadas y cuál fue el rol concreto de cada uno de los involucrados.

El expediente permanece abierto y las acusaciones contra los imputados deberán ser acreditadas durante el proceso judicial. Hasta que exista una sentencia firme, rige el principio de inocencia para todas las personas investigadas.

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