La defensa del exjefe de Gabinete presentó un escrito de 77 páginas para responder los 20 puntos planteados por el fiscal Gerardo Pollicita. Sostuvo que los fondos provenían de operaciones realizadas entre 2014 y 2018, antes de su ingreso a la función pública.
El exjefe de Gabinete Manuel Adorni presentó ante la Justicia su descargo sobre la evolución de su patrimonio y atribuyó los dólares cuestionados en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito a la venta de Bitcoin adquiridos años antes de su ingreso al Estado.
La presentación fue realizada por su abogado, Matías Ledesma, ante el fiscal federal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo. El escrito tiene 77 páginas y responde los 20 puntos incluidos en el requerimiento fiscal.
Según la defensa, la mayor parte de los fondos observados provino de operaciones con Bitcoin realizadas entre 2014 y 2018, cuando Adorni todavía se desempeñaba en el sector privado. El argumento central es que, al haberse originado esos activos antes de su ingreso a la función pública, no podrían ser considerados un incremento patrimonial generado durante su paso por el Estado.
La explicación sobre los dólares y el Bitcoin
Uno de los principales puntos cuestionados por la Justicia son los dólares declarados por Adorni en efectivo. Según la presentación, había informado US$565.000 al inicio de 2023, US$513.000 al cierre de ese año y US$388.961,52 al cierre de 2024, bajo el concepto de “venta de activos”.
La defensa sostiene ahora que esos fondos surgieron de la liquidación de ocho direcciones de Bitcoin, cuyas operaciones habrían representado unos US$591.544,61.
El escrito indica que las billeteras fueron utilizadas entre octubre de 2014 y septiembre de 2018 y que actualmente no tienen saldo. Los abogados aseguran además que el dinero destinado originalmente a la compra de las criptomonedas provenía de ahorros acumulados por Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, durante sus actividades privadas.
Para respaldar la titularidad de las billeteras, la defensa sostuvo que Adorni firmó mensajes mediante las claves privadas de las ocho direcciones ante un escribano y entregó esas claves en un sobre cerrado y lacrado.
La defensa también cuestionó el costo de la casa
Otro de los capítulos centrales está relacionado con la vivienda ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.
La Fiscalía había requerido explicaciones sobre los fondos utilizados para adquirir el terreno y, especialmente, sobre los US$245.000 que el contratista Matías Tabar había señalado como monto recibido por las refacciones.
La defensa sostiene que el dinero efectivamente entregado al contratista fue de US$175.000. Además, asegura que esa cifra coincide prácticamente con una estimación realizada por un arquitecto contratado por los propios abogados, que calculó el valor de la obra en US$174.954,58.
El escrito también cuestiona distintas inconsistencias que, según la defensa, aparecen en la documentación aportada por el contratista, entre ellas diferencias entre planillas, gastos sin comprobantes y remitos correspondientes a fechas anteriores al comienzo de la obra.
Qué dice sobre las declaraciones juradas
Los abogados reconocieron modificaciones en las declaraciones juradas patrimoniales de Adorni, pero sostuvieron que se trató de rectificaciones y no de una maniobra de ocultamiento.
Según la defensa, las correcciones fueron realizadas antes de recibir el requerimiento fiscal y antes de que ARCA notificara una fiscalización. También afirmó que se abonaron los impuestos correspondientes a las rectificaciones.
La presentación sostiene además que la diferencia patrimonial cuestionada por la Fiscalía debe analizarse junto con las pruebas aportadas y otras partidas pendientes de conciliación.
En su requerimiento, el fiscal había detectado una diferencia de $43.068.549 entre los ingresos lícitos comprobados del grupo familiar y sus gastos en pesos, además de erogaciones en dólares que también fueron objeto de preguntas.
La defensa, en cambio, sostiene que esa brecha puede ser explicada y cuestiona parte de la metodología utilizada para reconstruir el patrimonio y analizar las operaciones con criptoactivos.
El descargo será ahora analizado por el fiscal y el juez. La causa investiga el patrimonio de Adorni y su esposa y, de acuerdo con el estado del expediente, una eventual indagatoria dependerá de la evaluación que haga la Justicia sobre las explicaciones y la documentación presentada.