El Senado de la Nación convirtió este jueves en ley el proyecto de Inocencia Fiscal II, una reforma impulsada por el Gobierno nacional que amplía el acceso al régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias y busca facilitar la incorporación al sistema financiero de ahorros que permanecen fuera del circuito formal.
La iniciativa fue aprobada en general por 44 votos a favor y 23 en contra, con respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, sectores de la UCR y bloques provinciales. El proyecto ya había obtenido media sanción en la Cámara de Diputados con 139 votos afirmativos y 110 negativos.
La norma modifica el régimen vigente y elimina los límites de ingresos y patrimonio que condicionaban el acceso al esquema simplificado de Ganancias. De esta manera, el universo de contribuyentes que puede optar por este mecanismo se amplía respecto del régimen anterior.
Qué cambia con la nueva ley
Uno de los puntos centrales de la reforma es la modificación de las condiciones para acceder al régimen simplificado. La iniciativa elimina los topes de ingresos y patrimonio previstos anteriormente, con el objetivo de simplificar la declaración del impuesto para los contribuyentes alcanzados.
El proyecto también modifica el criterio utilizado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para determinar cuándo existe una discrepancia significativa entre la información declarada y los datos disponibles para el organismo.
Según el texto aprobado, esa discrepancia se configura cuando la diferencia implica un aumento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos de al menos el 15% respecto de lo declarado por el contribuyente.
La reforma establece además restricciones específicas para funcionarios públicos. Quienes ocupen determinados cargos de responsabilidad estatal, así como quienes los hayan ejercido durante los cinco años anteriores, quedan excluidos de los beneficios y presunciones contemplados por el régimen.
El debate entre oficialismo y oposición
Durante el tratamiento en el Senado, el oficialismo defendió la reforma como una herramienta destinada a recuperar la confianza de los contribuyentes y favorecer el regreso al circuito formal de recursos que permanecen fuera del sistema financiero.
La presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, sostuvo que la falta de confianza en el Estado llevó durante años a ciudadanos a mantener sus ahorros fuera de los circuitos formales. Sus declaraciones forman parte de la argumentación política del oficialismo para respaldar la iniciativa.
Desde el peronismo, en cambio, hubo fuertes cuestionamientos al proyecto. El senador José Mayans rechazó la reforma y sostuvo que beneficia a sectores vinculados con la evasión. Esas afirmaciones corresponden a la posición expresada por el legislador durante el debate y no constituyen una conclusión independiente sobre los efectos de la norma.
También hubo planteos para ampliar las restricciones a las denominadas personas políticamente expuestas. El senador Fernando Salino propuso utilizar esa categoría, por considerarla más amplia que la referencia específica a funcionarios públicos incluida en el proyecto.
Una negociación que incluyó otros proyectos
La aprobación de Inocencia Fiscal II se produjo en una sesión que requirió negociaciones entre el oficialismo y los bloques aliados. El Senado había conseguido abrir el recinto con el quórum mínimo de 37 legisladores, con presencia de representantes de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y bloques provinciales.
El acuerdo parlamentario también estuvo vinculado con el tratamiento de una reforma al régimen de biocombustibles, reclamada por sectores provinciales. En paralelo, quedó postergada la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, debido a diferencias entre el oficialismo y sus aliados.
Con la sanción del Senado, Inocencia Fiscal II quedó convertida en ley. Su aplicación efectiva dependerá ahora de la reglamentación correspondiente y de las disposiciones que establezcan los organismos involucrados.