A cuatro años del intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, un conjunto de partidos políticos difundió un documento en el que llamó a defender la convivencia democrática, rechazar la violencia política y recuperar la legitimidad del adversario.
A cuatro años del atentado contra la vida de Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido el 1° de septiembre de 2022 cuando ejercía la Vicepresidencia de la Nación, distintos espacios políticos difundieron un documento conjunto bajo una consigna central: “La democracia no admite la eliminación del adversario”.
El texto propone reflexionar sobre las condiciones políticas, culturales y comunicacionales que, según sus firmantes, hicieron posible que un hombre gatillara un arma cargada a centímetros del rostro de la entonces vicepresidenta.
Los partidos sostienen que el hecho no puede analizarse como un episodio aislado ni desvinculado del clima político previo. En ese sentido, cuestionan la instalación sistemática de discursos de odio, campañas de estigmatización, noticias falsas, operaciones de desinformación y distintas formas de violencia política dirigidas contra quienes participan de la vida pública.
El documento pone particular énfasis en el tratamiento recibido por Cristina Fernández de Kirchner y plantea que la denominada “antipolítica” no constituye únicamente un rechazo espontáneo de una parte de la sociedad hacia sus representantes, sino que también puede ser construida y amplificada a través de medios de comunicación, redes sociales, plataformas digitales y nuevos dispositivos de producción y circulación de contenidos.
Una advertencia sobre la violencia política
Los firmantes advierten que cuando la política es presentada sistemáticamente como corrupción, el dirigente político es convertido en enemigo, la militancia es ridiculizada o criminalizada y el insulto reemplaza al argumento, la democracia comienza a deteriorarse.
En ese marco, también incorporan una crítica a las prácticas que definen como lawfare, entendidas como la utilización de mecanismos judiciales, políticos y comunicacionales para perseguir, disciplinar o excluir dirigentes de la competencia democrática.
Según el documento, la articulación entre persecución judicial, operaciones mediáticas, noticias falsas y hostigamiento en redes puede construir un sentido común en el que aquello que debería resultar inadmisible comienza a naturalizarse.
“Existe una frontera que ninguna democracia puede permitirse cruzar: cuando la eliminación simbólica del adversario abre paso a la posibilidad de su eliminación física”, señala el texto.
“Nunca más la eliminación del adversario”
A partir del atentado del 1° de septiembre de 2022, los espacios políticos sostienen que el episodio debe permanecer en la memoria democrática no solamente por lo que ocurrió, sino también por lo que pudo haber ocurrido.
La reflexión, remarcan, no busca interpelar exclusivamente al peronismo ni a quienes acompañan políticamente a Cristina Fernández de Kirchner, sino al conjunto del sistema democrático argentino.
En esa línea, el documento plantea que los partidos políticos, independientemente de su identidad ideológica, deberían establecer un acuerdo básico: en democracia, los adversarios se enfrentan con ideas, argumentos, organización política y votos, pero nunca mediante la persecución que ponga en riesgo su libertad, integridad o vida.
El planteo adquiere, además, una dimensión histórica al vincularse con el aniversario de los 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. El documento diferencia ambos contextos históricos, pero sostiene que la experiencia del terrorismo de Estado y la recuperación democrática de 1983 establecieron una regla fundamental para la convivencia: las diferencias políticas deben tramitarse dentro de las instituciones, mediante la palabra, la participación popular y el voto.
Los partidos advierten que, medio siglo después del golpe, todavía existen sectores que conciben al adversario político como alguien a quien hay que destruir, silenciar o expulsar de la vida pública. En la actualidad, señalan, esas prácticas pueden expresarse mediante campañas digitales, noticias falsas, operaciones comunicacionales, persecuciones judiciales o discursos que promueven el odio.
Frente a ese escenario, reivindican la necesidad de reconocer la legitimidad del adversario político, discutir profundamente sin negar el derecho del otro a existir políticamente y confrontar sin deshumanizar.
Un documento firmado por distintos espacios
El pronunciamiento lleva las firmas de dirigentes y referentes de distintos espacios políticos, entre ellos José Mayans, por el Partido Justicialista; Diego Giuliano y Sergio Massa, por el Frente Renovador; Miguel Ángel Pichetto, por Encuentro Republicano Federal; Martín Sabbatella, por Nuevo Encuentro; Guillermo Moreno, por Principios y Valores; Leopoldo Moreau, por el Movimiento Nacional Alfonsinista; y Juan Grabois, por Patria Grande.
También adhieren Ricardo Alfonsín (Frente Amplio por la Democracia), Federico Storani (Radicalismo Auténtico), Carlos Castagneto (Kolina), Mario Secco (Frente Grande), Emilio Pérsico (La Patria de los Comunes), Carlos Heller (Partido Solidario), Jorge Rivas (Unidad Socialista), Claudio Lozano (Unidad Popular), Gustavo López (FORJA), Esteban San Pedro (Partido de la Victoria), Eduardo Sigal (Espacio Popular), Juan Carlos Alderete (PTP-PCR), Lucrecia Monteagudo (Partido Intransigente), Jorge Kreyness (Partido Comunista), Matías Barroetaveña (+ Nueva Dirigencia) y Humberto Tumini (Libres del Sur).
El documento concluye con un llamado a reivindicar el ejercicio de la política, defender la palabra frente a la violencia, la verdad frente a la mentira organizada, el debate frente a la estigmatización y la participación frente a la antipolítica.
“Nunca más la eliminación del adversario. Nunca más la violencia política. Más democracia. Más participación. Más política”, expresa el cierre del pronunciamiento.