La Cámara de Prestadores de Discapacidad de Córdoba alertó que los recursos correspondientes a junio todavía no fueron transferidos. El sector advierte dificultades para afrontar salarios y sostener los servicios.
Las prestaciones para personas con discapacidad en Córdoba vuelven a atravesar un escenario de incertidumbre debido a la demora en la transferencia de los fondos correspondientes a junio.
La advertencia fue realizada por la Cámara de Prestadores de Discapacidad de Córdoba (Capredis), que señaló que el atraso complica la situación financiera de instituciones y profesionales que integran el sistema.
Según explicó su presidenta, Carolina Armenoli, los prestadores no cuentan con información precisa sobre cuándo se concretará el pago. El problema se suma a una serie de dificultades que el sector viene acumulando desde el año pasado.
Por qué se demoraron los fondos
El financiamiento de estas prestaciones se canaliza a través del Fondo Solidario de Redistribución, que recibe recursos provenientes de los aportes de trabajadores registrados.
Desde el sector explicaron que la Superintendencia de Servicios de Salud atribuyó la demora a una menor recaudación administrada por ARCA. Hasta que el Fondo no reúna los recursos necesarios, las transferencias destinadas a cubrir las prestaciones permanecen demoradas.
Esta situación genera un efecto en cadena: las obras sociales aguardan los fondos para cancelar los servicios y, a su vez, los prestadores necesitan esos pagos para afrontar sus compromisos.
Armenoli señaló que los plazos se fueron extendiendo progresivamente. Según la entidad, anteriormente los pagos se concretaban alrededor del día 15, mientras que actualmente los prestadores pueden llegar a esperar varios meses para cobrar.
Prestadores advierten por salarios y continuidad de servicios
La demora en los fondos correspondientes a junio genera especial preocupación porque las instituciones deben afrontar sueldos, honorarios y otros gastos operativos.
Desde Capredis advirtieron que, si el atraso continúa, podrían comenzar a producirse dificultades para sostener servicios como transporte, tratamientos de rehabilitación y atención de profesionales especializados.
La entidad considera que el problema se agrava por el retraso acumulado en los aranceles. De acuerdo con Armenoli, los incrementos otorgados durante el último período fueron insuficientes para compensar la pérdida de poder adquisitivo acumulada previamente.
Reclamo por la emergencia en discapacidad
Los prestadores también cuestionan el grado de implementación de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad.
La norma fue aprobada por el Congreso luego de un extenso conflicto que incluyó un veto del Poder Ejecutivo, nuevos debates legislativos y presentaciones judiciales. Finalmente, el Gobierno nacional avanzó con su reglamentación, aunque las organizaciones del sector sostienen que su aplicación todavía es parcial.
Uno de los principales reclamos está relacionado con la actualización de los aranceles y con los recursos destinados a compensar el atraso acumulado y el impacto de la inflación.
Para Capredis, la falta de previsibilidad financiera amenaza especialmente a los prestadores más pequeños y puede terminar afectando directamente a las personas que dependen de tratamientos y servicios esenciales.
La entidad advirtió que, si no se normalizan las transferencias, el sistema podría ingresar en una situación crítica y quedar comprometida la continuidad de prestaciones para miles de personas con discapacidad.