El sector público nacional registró un resultado financiero positivo de $244.897 millones en julio, tras el déficit de junio. En los primeros siete meses del año, el Gobierno acumuló superávit primario y financiero.
El Gobierno nacional volvió a registrar un superávit fiscal en julio. Según informó el Ministerio de Economía, el sector público nacional alcanzó un resultado financiero positivo de $244.897 millones, luego del déficit registrado en junio.
El resultado fue consecuencia de un superávit primario de $2.960.333 millones, que permitió compensar el pago de $2.715.436 millones en intereses de deuda.
El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que el saldo positivo se alcanzó pese a la elevada concentración de vencimientos durante el mes.
“En un mes con una alta concentración de vencimientos de intereses de deuda, dado el pago de los cupones de los bonos Globales y Bonares”, señaló el funcionario al explicar el resultado.
Cómo evolucionaron las cuentas públicas
Con el resultado de julio, en los primeros siete meses de 2026 el sector público acumuló un superávit primario equivalente a aproximadamente 0,9% del PBI y un superávit financiero cercano al 0,1%.
Caputo también remarcó la evolución del gasto. Según indicó, el gasto primario cayó 7% interanual en términos reales durante julio, mientras que el gasto correspondiente a la Asignación Universal por Hijo (AUH) aumentó 3,8%.
El ministro vinculó además el resultado fiscal con la política económica implementada por la administración de Javier Milei y sostuvo que el superávit se produjo en paralelo con una reducción de impuestos.
“El superávit fiscal, que contribuye a la estabilidad macroeconómica, se alcanzó en el marco de una reducción de impuestos acumulada de casi 3% del PIB desde el inicio de la gestión”, afirmó.
El debate por los fondos fiduciarios
El resultado de julio también se conoció en medio de cuestionamientos sobre la composición del superávit y el manejo de determinados recursos públicos.
En los últimos días comenzó a discutirse el impacto de las retenciones de fondos destinados a fideicomisos, recursos que, según los cuestionamientos planteados, no fueron aplicados a los fines específicos para los que habían sido previstos.
El debate se suma así a la discusión sobre la estrategia fiscal del Gobierno y sobre los mecanismos utilizados para sostener el equilibrio de las cuentas públicas.
