La Justicia ratificó la medida cautelar por el financiamiento universitario y ordenó al Gobierno cumplir con la Ley 27.795 mientras continúa el proceso judicial.
La Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala III, confirmó la vigencia de la medida cautelar que obliga al Gobierno nacional a avanzar con la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y rechazó la posibilidad de suspender su ejecución.
La resolución se conoció luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara el recurso extraordinario presentado por el Estado nacional contra la medida judicial que protege a las universidades públicas frente al Decreto 759/25.
Según el fallo, la apelación presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) contra la suspensión de la ejecución de la cautelar quedó sin efecto práctico, debido a que el máximo tribunal ya había rechazado el planteo del Gobierno.
Con esta decisión, el expediente vuelve a primera instancia para que se aplique plenamente la resolución cautelar. De esta manera, la medida no podrá ser suspendida mientras continúa la discusión judicial sobre la cuestión de fondo.
Qué establece la cautelar sobre el financiamiento universitario
El conflicto se originó tras la sanción de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso durante 2025. La norma estableció mecanismos de actualización para salarios docentes y no docentes, además de la recomposición de partidas destinadas a becas y programas universitarios.
El Poder Ejecutivo promulgó la ley mediante el Decreto 759/25, aunque condicionó su aplicación. Frente a esa situación, el CIN y organizaciones gremiales docentes presentaron un amparo y solicitaron una medida cautelar para garantizar el cumplimiento de la norma.
La Justicia de primera instancia hizo lugar al pedido y ordenó al Estado avanzar con las actualizaciones previstas. Luego, el Gobierno apeló la decisión ante la Cámara Federal y posteriormente recurrió a la Corte Suprema.
Tras los rechazos judiciales, la medida quedó firme y el Ejecutivo deberá disponer las partidas presupuestarias necesarias para cumplir con las disposiciones alcanzadas por la cautelar.
Salarios, becas y programas incluidos en la resolución
La decisión judicial mantiene vigente la obligación del Estado de garantizar distintos puntos establecidos en la Ley de Financiamiento Universitario, entre ellos:
- La actualización de los salarios de trabajadores docentes y no docentes universitarios.
- La recomposición de las becas estudiantiles.
- La continuidad de programas contemplados en la ley, como Progresar.
En junio, la Corte Suprema ya había rechazado otro recurso presentado por el Gobierno nacional y había ratificado la vigencia de artículos vinculados a la actualización salarial y a los programas de asistencia estudiantil.
La disputa judicial continuará ahora con el análisis del planteo principal, mientras la medida cautelar seguirá vigente hasta que exista una resolución definitiva sobre la aplicación de la ley.
La situación se da en un contexto de conflicto entre el Gobierno nacional y las universidades públicas por el presupuesto, los salarios y el financiamiento del sistema universitario.
