Los fiscales federales solicitaron el procesamiento del camarista Abel Guillermo Sánchez Torres y de otros tres funcionarios judiciales por una causa que investiga presuntas irregularidades en la integración de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba.
La Justicia federal de Córdoba sumó este martes un nuevo capítulo con el pedido de procesamiento y detención bajo prisión domiciliaria del camarista Abel Guillermo Sánchez Torres, formulado por los fiscales federales Maximiliano Hairabedian y Pablo Nicolás Turano. La solicitud fue presentada ante el juez Alejandro Sánchez Freytes y se basa en una investigación por el presunto delito de abuso de autoridad y violencia de género institucional.
El requerimiento también alcanza a la camarista Graciela Montesi y a los secretarios Mario Olmedo y Gustavo Flores, quienes fueron incluidos en el pedido de procesamiento por su presunta participación en los hechos investigados.
¿Qué investiga la Justicia federal de Córdoba?
La causa busca determinar si existió un acuerdo entre Sánchez Torres y Montesi para manipular la conformación de la Sala de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba en dos expedientes identificados como «Padilla» y «Humanes», vinculados con presuntos casos de evasión tributaria de la empresa Bunge.
De acuerdo con la investigación impulsada por los fiscales, las presuntas maniobras habrían alterado el mecanismo de sorteo previsto para integrar el tribunal que debía intervenir en esos expedientes.
La denuncia que dio origen a la causa fue presentada por la secretaria penal Celina Laje Anaya, quien afirmó que se opuso a esas presuntas irregularidades y que, como consecuencia, sufrió una serie de situaciones de hostigamiento dentro del ámbito laboral.
La denuncia por violencia de género institucional
Según la presentación realizada por Laje Anaya, además de recibir gritos y humillaciones, fue objeto de cambios de oficina, sobrecarga de tareas y medidas de aislamiento, hechos que los fiscales encuadraron en el presunto delito de violencia de género institucional.
Cabe señalar que estas acusaciones forman parte de la investigación judicial y deberán ser analizadas por el magistrado a cargo de la causa, sin que exista por el momento una resolución definitiva sobre la responsabilidad penal de los imputados.
En cuanto al pedido de detención domiciliaria de Sánchez Torres, su ejecución dependerá de una eventual pérdida de los fueros que posee como juez federal. Esa decisión corresponde al Consejo de la Magistratura, organismo encargado del control y eventual remoción de magistrados.
Además, trascendió que Sánchez Torres y Montesi, quienes mantienen una relación sentimental, registran cuatro denuncias en trámite ante el organismo de control.
