La Secretaría de Trabajo de Córdoba dispuso la conciliación obligatoria en el conflicto de empleados judiciales y convocó a una audiencia para el 7 de agosto. El gremio deberá suspender las medidas de fuerza mientras continúan las negociaciones.

El conflicto de empleados judiciales de Córdoba sumó este martes un nuevo capítulo luego de que la Secretaría de Trabajo de la Provincia dictara la conciliación obligatoria en el marco del reclamo salarial que el sector mantiene desde febrero.

La resolución establece la suspensión de las medidas de fuerza por parte del gremio mientras se desarrolla la instancia de negociación entre las partes. Además, se fijó una primera audiencia para el próximo 7 de agosto, con el objetivo de intentar acercar posiciones y avanzar hacia un acuerdo.

Desde el sindicato de Judiciales señalaron que la decisión se produjo tras las movilizaciones realizadas durante los últimos días y consideraron que la conciliación obligatoria abre una nueva instancia de diálogo. No obstante, aclararon que la medida no implica una solución al reclamo salarial que motivó el conflicto.

¿Qué reclaman los empleados judiciales?

El conflicto de empleados judiciales de Córdoba lleva más de cinco meses y tiene como principal eje el pedido de una recomposición salarial.

A comienzos de julio, el Poder Judicial de Córdoba presentó una propuesta de aumento, pero las asambleas del gremio la consideraron insuficiente y resolvieron mantener las medidas de fuerza.

La situación se agravó en los últimos días luego de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) comenzara a aplicar descuentos parciales a los trabajadores que participaron de los paros. Según trascendió, las quitas salariales oscilan entre los 200.000 y los 450.000 pesos, correspondientes a cinco de las 25 jornadas de paro realizadas en la ciudad de Córdoba. En el interior provincial, en tanto, ya se contabilizan 28 días de protesta.

El impacto en el funcionamiento de la Justicia

La continuidad del conflicto también generó preocupación entre distintos actores del ámbito judicial. Días atrás, el presidente del Colegio de Abogados de Córdoba, Eduardo Bittar, advirtió sobre las consecuencias que las medidas de fuerza tienen sobre el funcionamiento de la Justicia y los tiempos de resolución de los expedientes.

En declaraciones a Canal 10, el dirigente sostuvo que el reclamo salarial de los trabajadores resulta comprensible, especialmente en las categorías iniciales, aunque remarcó la necesidad de alcanzar un acuerdo que permita normalizar el servicio.

«Tenemos que encontrar una solución. Los juicios comienzan a aletargarse. Les pedimos que tengan paciencia porque no es el abogado o la abogada los que van demorando sus trámites judiciales, sino que comienza a ponerse más lenta la función de Justicia», expresó.

Con la conciliación obligatoria en marcha, las partes deberán participar de la audiencia convocada para el 7 de agosto, donde buscarán destrabar un conflicto que afecta el funcionamiento del sistema judicial cordobés desde hace más de cinco meses.

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