La medida reorganiza el sistema nacional de control de alimentos, centraliza registros y fiscalización en el SENASA y le asigna a Salud la definición de las políticas alimentarias.
El Gobierno nacional dispuso la disolución del Instituto Nacional de Alimentos (INAL) y reorganizó el sistema de control alimentario del país. A partir del nuevo esquema, las funciones que estaban concentradas en el organismo serán distribuidas principalmente entre el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y el Ministerio de Salud.
La medida fue establecida mediante el Decreto 697/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, e incluye además modificaciones al Código Alimentario Argentino. Entre los cambios se establece un plazo máximo de 45 días hábiles para actualizar esa normativa.
El nuevo esquema busca separar las tareas de control y fiscalización de las funciones de definición de políticas sanitarias y alimentarias. En ese reparto, el SENASA concentrará la operatoria vinculada con registros, controles y fiscalización de alimentos, mientras que el Ministerio de Salud tendrá a su cargo la conducción de las políticas alimentarias.
El SENASA concentra el control de los alimentos
Uno de los principales cambios será la incorporación al SENASA de las funciones que hasta ahora desempeñaba el INAL en materia de registro, control y fiscalización de alimentos.
El organismo también concentrará los registros de productos y establecimientos y tendrá a su cargo el control de las importaciones de alimentos. Además, podrá autorizar y supervisar establecimientos oficiales de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires que verifiquen el cumplimiento del Código Alimentario Argentino.
El Gobierno argumentó que la decisión responde a la capacidad operativa ya instalada del SENASA, que cuenta con una estructura territorial de alcance nacional, laboratorios e inspectores destinados al control de la producción primaria e industrial.
Con la centralización se busca eliminar la superposición de competencias entre organismos y avanzar hacia un sistema de control considerado más simple y uniforme.
Una base única de datos y menos trámites
El decreto también establece la creación de una Base Única de Datos, que estará bajo la órbita del SENASA y reunirá información sobre productos y establecimientos.
La intención oficial es reducir trámites y duplicaciones administrativas, además de mejorar la trazabilidad de los alimentos. También se reconocerán por equivalencia determinadas certificaciones de aditivos, ingredientes y coadyuvantes tecnológicos emitidas por países con sistemas de control reconocidos o que aplican las normas del Codex Alimentarius.
La nueva normativa contempla, además, una simplificación de los procedimientos para productos que ya cuentan con autorización en otros países.
Otro de los objetivos es facilitar el comercio exterior. Para las importaciones de alimentos envasados destinados a la venta directa se prevén controles posteriores al ingreso, mientras que para las exportaciones se establece que los productos deberán ajustarse a los requisitos del país de destino y que las certificaciones serán emitidas por un único organismo con reconocimiento internacional.
Qué función tendrá el Ministerio de Salud
El Ministerio de Salud absorberá las tareas vinculadas con la definición de la política alimentaria que anteriormente estaban dentro del INAL.
La cartera sanitaria tendrá como eje el análisis científico de la composición de los alimentos y la elaboración de políticas relacionadas con la alimentación saludable.
Entre las primeras prioridades aparece la revisión de la utilización de colorantes y saborizantes en alimentos procesados, en línea con estándares internacionales.
De esta manera, el Gobierno busca establecer una división más clara: el SENASA tendrá la responsabilidad de controlar que los alimentos cumplan con las normas vigentes, mientras que Salud, junto con la Secretaría de Agricultura, tendrá un papel central en la definición de esas normas.
Cambios en el Código Alimentario Argentino
El decreto también introduce modificaciones en el funcionamiento del Código Alimentario Argentino y establece un plazo máximo de 45 días hábiles para procesar sus actualizaciones.
El objetivo declarado es otorgar mayor previsibilidad al sistema regulatorio y acelerar la incorporación de modificaciones a la normativa que regula la elaboración, comercialización y control de los alimentos.
A su vez, el SENASA deberá avanzar con las provincias y la Ciudad de Buenos Aires en convenios destinados a armonizar registros, requisitos, aranceles y sanciones.
El Gobierno apunta así a unificar criterios de control en todo el país y reducir las diferencias entre jurisdicciones.
En términos generales, la reforma implica la desaparición del INAL como organismo específico y la redistribución de sus competencias: el SENASA quedará como principal autoridad operativa para el registro y control de alimentos, mientras que el Ministerio de Salud concentrará la definición de la política alimentaria.
