La Editorial de la UNRC manifestó su preocupación por el proyecto del Gobierno nacional para derogar leyes de Protección de la Actividad Librera y del Libroy. Advirtió sobre sus posibles efectos en librerías, editoriales independientes y el acceso a la diversidad de publicaciones.
El posible envío al Congreso de un proyecto para derogar la Ley del Libro (25.446) y la Ley de Protección de la Actividad Librera (25.542) generó preocupación en distintos sectores de la industria editorial argentina. Entre las voces que se expresaron sobre la iniciativa se encuentra la de Gabriel Carini, director de UniRío Editora, la editorial de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC).
La propuesta, impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que encabeza Federico Sturzenegger, plantea eliminar el régimen que establece un precio uniforme para los libros durante un período determinado. El Gobierno aún no difundió el texto definitivo del proyecto, por lo que las opiniones del sector se basan en los alcances anunciados hasta el momento.
En diálogo con CBAHOY, Carini señaló que tanto UniRío Editora como la Red de Editoriales Universitarias del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se encuentran «en estado de alerta y preocupación» por las consecuencias que podría generar la derogación de la normativa.
Preocupación por el impacto en la bibliodiversidad
El director de la editorial universitaria sostuvo que la ley vigente no representa un subsidio para la actividad editorial, sino que garantiza un precio único para cada libro en todo el país, independientemente del lugar donde se comercialice. «Lo que hace esta norma vigente desde 2002 es fijar un precio igual para el libro. Un libro de UniRío Editora se vende al mismo precio en Río Cuarto que en Tierra del Fuego», explicó.
Según Carini, la eventual desregulación permitiría que distintos comercios vendan un mismo título a valores diferentes, lo que, a su entender, favorecería una concentración del mercado editorial. «Eso habilitaría a grandes empresas editoriales o plataformas comerciales a trabajar durante un tiempo con pérdidas para luego concentrar el mercado. También rompe con la idea federal que tiene la ley vigente», afirmó.
El editor sostuvo además que uno de los principales riesgos es la pérdida de la denominada «bibliodiversidad», concepto que hace referencia a la existencia de una oferta amplia y plural de libros y autores.
«El ecosistema del libro no está integrado solamente por las librerías. También participan editoriales independientes, correctores, ilustradores, diseñadores, imprentas y autores. Todo ese entramado podría verse afectado», indicó.
Librerías y editoriales independientes, entre los sectores más expuestos
Carini consideró que una eventual derogación podría impactar especialmente sobre las librerías independientes y las editoriales de menor escala. «Las editoriales independientes suelen publicar autores que no forman parte del circuito comercial más masivo. También existen librerías especializadas que cumplen una función cultural muy importante difundiendo esos catálogos», expresó.
En ese sentido, sostuvo que una mayor concentración del mercado podría reducir la diversidad de voces disponibles para los lectores. «Una de las posibles consecuencias es afectar ese ecosistema que amplifica distintas voces y distintos autores. Eso también tiene importancia para el sistema democrático, porque permite acceder a contenidos diversos y no solamente a aquello que impulsan los grandes centros editoriales», señaló.
Además, destacó el papel que cumplen las librerías como espacios culturales. «Las librerías son lugares de encuentro, de promoción de autores y de recomendaciones personalizadas. Esos valores también podrían verse afectados», afirmó.
El contexto que atraviesan las editoriales universitarias
Consultado sobre la actualidad del sector en Río Cuarto y la región, Carini señaló que las editoriales universitarias atraviesan un escenario complejo, condicionado por la situación presupuestaria de las universidades nacionales y la caída del consumo.
Explicó que, en el caso de UniRío Editora, la reducción de recursos repercute directamente sobre la producción editorial, ya que los presupuestos deben destinarse prioritariamente al funcionamiento general de la universidad.
También señaló que el aumento de los costos de impresión y las dificultades económicas hacen que cada vez más autores opten por publicaciones digitales. «No dejamos de apostar al libro impreso, pero hoy muchos autores encuentran muy difícil afrontar los costos que implica una edición física», explicó.
Finalmente, sostuvo que el debate sobre la Ley del Libro trasciende a la industria editorial. «Lo importante es comprender que no solo está en discusión una actividad económica, sino también las implicancias que esto tiene para la cultura y, en definitiva, para la democracia como sistema», concluyó.
