La investigación penal a cargo del fiscal Enrique Gavier marcha en paralelo con el proceso de quiebra en la Justicia Civil. Estiman que la empresa vendió unos 30.000 planes y entregó menos del 10%.
La causa por estafas millonarias e incumplimientos contractuales cometidos por la desarrollista Márquez y Asociados sigue en proceso. Mientras la instrucción penal impulsada por el fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier, avanza en la toma de indagatorias y la ratificación de denuncias, en el fuero civil continúa el trámite de quiebra para intentar recuperar fondos para los damnificados.
Según estimaciones vinculadas al expediente, la firma habría comercializado alrededor de 30.000 planes para la construcción de viviendas, de los cuales habría entregado menos del 10% de las casas prometidas, lo que la convierte en una de las estafas inmobiliarias más grandes de la historia de la provincia.
Ratificación de denuncias y preocupación por los bienes
En el plano penal, la Justicia avanza formalizando las presentaciones que las víctimas realizaron de manera virtual. En diálogo con Cba24n, el abogado Rubén Sánchez Quinteros, representante de un grupo de afectados, explicó el ritmo del procedimiento: «Sé que se están tomando indagatorias y después a todos los denunciantes que lo hicieron por la web, los están citando o vía Zoom les están tomando la denuncia propiamente dicha para que sea formalmente llevada a cabo», detalló el letrado.
Uno de los principales reclamos de los querellantes apunta al resguardo preventivo del patrimonio de los imputados para garantizar una futura reparación económica.
«Nosotros hemos presentado más de 10 escritos solicitando la preservación de los bienes, de los cuales el fiscal, como tiene secreto de sumario y no nos da participación, desconocemos por completo en qué estado se encuentran. Lo que sí sabemos es que dispuso medidas de no innovar, anotación de litis y todo lo que sería el resguardo formal de los bienes lo está haciendo», sostuvo Sánchez Quinteros.
Sin embargo, diferenció el resguardo formal de la preservación física de los activos: «En cuanto al resguardo material, que es lo que más me preocupa —por ejemplo, los vehículos o la casa de Loma en Los Carolinos y los inmuebles a nombre de los Márquez—, lo que era a nombre de la sociedad ya el juez de la quiebra lo sacó a remate porque eran deudas de la sociedad y no asumidas personalmente por Márquez», precisó.
Quiebra judicial y subasta de activos
En paralelo a la vía penal, el Juzgado de 1° Instancia en lo Civil y Comercial de 52° Nominación (Concursos y Sociedades n.° 8) declaró la quiebra de la firma constructora y decretó la inhibición general de bienes de los responsables.
Dentro de este proceso concursal:
- Subasta de bienes: La Justicia dispuso el remate de activos pertenecientes a la sociedad —entre ellos vehículos y rodados de la empresa— con el objetivo de conformar una masa de fondos destinada a resarcir a los acreedores.
- Verificación de créditos: Se habilitaron instancias digitales y prórrogas para que los miles de afectados puedan verificar susacreencias y registrarse formalmente en el expediente.
Expectativas de los damnificados
Pese a la complejidad y lentitud que demanda la recolección de pruebas en un expediente con miles de carpetas, los representantes de los damnificados confían en que el avance de la causa acorrale a la defensa de los acusados.
«Es una causa muy lenta hasta que se sustancie toda esta prueba. Tenemos la esperanza de que en algún momento, cuando esto llegue a Cámara, los abogados defensores nos hagan algún ofrecimiento para evitarse la severísima sanción que van a recibir», concluyó Sánchez Quinteros.
