La Cámara Federal de San Martín revocó una cautelar y autorizó el cierre de Volver al Trabajo. Según la UTEP, cerca de 900.000 personas dejarán de percibir el ingreso mensual desde agosto.
La Cámara Federal de Apelaciones de San Martín resolvió habilitar el cierre del programa Volver al Trabajo, al hacer lugar a un planteo del Ministerio de Capital Humano. La decisión revocó una medida cautelar que obligaba al Estado nacional a mantener los pagos del beneficio y abre la puerta para que alrededor de 900.000 personas dejen de percibir el ingreso mensual a partir de agosto.
El fallo fue dictado por la Sala I del tribunal, integrada por los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández. La resolución permite al Gobierno avanzar con el reemplazo del programa por una nueva política denominada Formando Capital Humano, centrada en vouchers de capacitación.
El programa Volver al Trabajo otorgaba un ingreso mensual de $78.000 a trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Ese monto permanecía sin modificaciones desde 2023.
¿Qué resolvió la Justicia sobre Volver al Trabajo?
La sentencia hizo lugar al argumento presentado por el Ministerio de Capital Humano, que sostuvo que el programa tenía un plazo de vigencia de 24 meses y que, una vez cumplido ese período, correspondía avanzar con el nuevo esquema de capacitación.
De este modo, quedó sin efecto la cautelar que mantenía vigente el pago del beneficio mientras se resolvía el conflicto judicial.
La decisión judicial representa un respaldo a la estrategia del Gobierno nacional para reformular las políticas destinadas a trabajadores de la economía popular, aunque generó el rechazo de organizaciones sociales.
La UTEP cuestionó el fallo
La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) expresó su rechazo a la resolución judicial y sostuvo que la eliminación del programa tendrá un fuerte impacto sobre las familias beneficiarias.
En un comunicado difundido en redes sociales, la organización afirmó que el cierre de Volver al Trabajo «implica empujar directamente a la indigencia a casi un millón de familias que lo usan como complemento indispensable para poner un plato de comida en la mesa».
Además, la UTEP cuestionó el criterio adoptado por el tribunal al considerar que el beneficio era una asignación vinculada a procesos de capacitación y no un ingreso con carácter alimentario.
«La Cámara priorizó la burocracia de las políticas públicas y las facultades discrecionales del Ejecutivo por sobre el carácter alimentario de los ingresos de las familias más vulnerables», expresó la organización.
También calificó la resolución como «un golpe» para los trabajadores de la economía popular y sostuvo que desconoce la situación social que atraviesan quienes perciben este tipo de asistencia.
Foto: LNM
