La custodia oficial de Manuel Adorni continuará por motivos de seguridad, según confirmó el Gobierno, mientras avanza la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.
La custodia oficial de Manuel Adorni continuará vigente pese a su renuncia al Gobierno nacional. La decisión fue confirmada este martes por el vocero presidencial, Adrián Ravier, quien explicó que la medida se mantiene «por motivos de seguridad» mientras avanza la investigación judicial que involucra al exfuncionario por presunto enriquecimiento ilícito.
Durante su segunda conferencia de prensa en la Casa Rosada, Ravier respondió a una consulta de los periodistas acreditados y sostuvo: «Por motivos de seguridad, por ahora se mantiene».
La continuidad de la custodia se produce luego de que Adorni presentara su renuncia y revelara en ese documento que recibió amenazas vinculadas a la causa judicial en la que es investigado. Según indicó, esos hechos fueron denunciados ante la Justicia.
De acuerdo con la información recopilada por CBAHOY, la protección está a cargo de efectivos de la Policía Federal Argentina y podría extenderse durante un año, de acuerdo con los criterios de seguridad aplicables a determinados exfuncionarios.
Custodia oficial tras la renuncia de Adorni
El presidente Javier Milei también hizo referencia a las amenazas denunciadas por el exjefe de Gabinete y aseguró que alcanzaron a su entorno familiar.
«Se metieron con los hijos. Cuando se toca a la familia no se jode», expresó el mandatario al referirse a la situación que atraviesa Adorni.
La continuidad de la custodia oficial constituye uno de los beneficios que pueden mantenerse en casos específicos cuando existen evaluaciones de riesgo para exintegrantes del Poder Ejecutivo.
La investigación judicial sigue en curso
Durante la misma conferencia, Ravier descartó que el Gobierno haya dispuesto una auditoría interna para revisar las compras efectuadas por personal de la Jefatura de Gabinete en nombre de Adorni.
La causa tomó estado público luego de que trascendiera que la directora general de la Subsecretaría de Comunicación y Actos de Gobierno, Laura Schiuma, le habría prestado su tarjeta de crédito para la compra de un monitor gamer valuado en más de dos millones de pesos.
A esa situación se sumó que la secretaria privada Gisela Kocsis realizó compras de ropa blanca por más de cuatro millones de pesos, operaciones que también quedaron bajo análisis judicial.
El Gobierno remitió la investigación a la Justicia
Consultado sobre el avance del caso, el vocero presidencial sostuvo que será la Justicia la encargada de determinar las responsabilidades correspondientes.
«El tema está en la Justicia. Estas personas deberán declarar ante el juez. No tenemos un mecanismo paralelo; será la Justicia la que investigue y evalúe los hechos», afirmó Ravier.
La investigación continúa en sede judicial mientras el Gobierno confirmó que la custodia oficial de Adorni permanecerá vigente por razones de seguridad.
