La Cámara de Diputados aprobó el pago de 171 millones de dólares a acreedores de deuda pública y dio media sanción al denominado Súper RIGI. Mientras el cordobesismo acompañó el acuerdo con los fondos acreedores, se diferenció del oficialismo nacional al rechazar el nuevo régimen de beneficios para grandes inversiones.
El Gobierno nacional sumó este miércoles dos avances legislativos clave en la Cámara de Diputados: la aprobación definitiva del pago de 171 millones de dólares a acreedores de deuda pública y la media sanción del denominado Súper RIGI, un esquema de beneficios fiscales destinado a proyectos de inversión superiores a los 1.000 millones de dólares.
Las iniciativas expusieron diferencias entre los representantes cordobeses, especialmente dentro del espacio identificado con el cordobesismo, que acompañó uno de los proyectos pero rechazó el otro.
La Cámara baja convirtió en ley el acuerdo para cancelar compromisos con dos grupos acreedores vinculados a la deuda en default de 2001. La iniciativa obtuvo 139 votos favorables y llegó al recinto con aprobación previa del Senado.
El esquema contempla el pago de 104 millones de dólares al grupo encabezado por Attestor Value Master Fund LP y otros 67 millones a Bainbridge Ltd., en una negociación que debía cerrarse antes del 30 de junio.
Además de los diputados de Javier Milei alineados con La Libertad Avanza, el proyecto recibió el respaldo de los legisladores cordobesistas Juan Schiaretti, Carolina Basualdo, Juan Brügge y Carlos Gutiérrez.
Por su parte, las diputadas Natalia de la Sota y Gabriela Estévez votaron en contra.
El cordobesismo rechazó el Súper RIGI
La segunda votación relevante de la jornada fue la media sanción del denominado Súper RIGI, una ampliación del régimen de incentivos para grandes inversiones que busca otorgar beneficios fiscales a proyectos vinculados principalmente a tecnología y sectores estratégicos considerados por el Gobierno como parte de la «industria del futuro».
La iniciativa obtuvo 130 votos afirmativos y 106 negativos. En el caso de Córdoba, los respaldos provinieron exclusivamente de los diputados oficialistas vinculados a La Libertad Avanza, mientras que el cordobesismo optó por rechazar la propuesta.
El posicionamiento fue explicitado por Juan Schiaretti, quien argumentó que el régimen favorece únicamente a grandes corporaciones y deja fuera a otros sectores productivos.
“No vamos a acompañar el Súper RIGI con nuestro voto ya que sólo beneficia a grandes corporaciones en detrimento de otras actividades productivas que siguen soportando impuestos injustos”, sostuvo el exgobernador.
Schiaretti también cuestionó el impacto que podría tener la medida sobre el sector agropecuario.
“Las retenciones al campo terminarán subsidiando la baja de los impuestos a esas grandes corporaciones que proponen favorecer con el Súper RIGI”, afirmó.
En contraposición, planteó una serie de prioridades para impulsar la producción y el empleo en el país.
“Argentina, para aumentar la producción y generar empleo debe eliminar totalmente las retenciones al campo, prorrogar el régimen de incentivo al uso de autopartes nacionales en la industria automotriz y sancionar de manera urgente una nueva ley de biocombustibles”, expresó.
En ambas votaciones estuvieron ausentes los diputados cordobeses Ignacio García Aresca y Alejandra Torres, integrantes del bloque Provincias Unidas.
