La gestión del presidente Javier Milei modificó el proceso para designar jueces de la Corte Suprema y eliminó etapas administrativas previas a las postulaciones.
El Gobierno nacional flexibilizó el procedimiento para el nombramiento de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, además del Procurador General y el Defensor General de la Nación. La medida fue establecida mediante el Decreto 467/2026, publicado en el Boletín Oficial, que modifica las normas que regulaban el proceso desde 2003.
La nueva normativa elimina requisitos y etapas administrativas previas al envío formal de las postulaciones para esos cargos. Entre los cambios principales, se suprime el mecanismo de exposición pública y recepción de observaciones ciudadanas que funcionaba antes de la nominación definitiva.
La reforma sobre la designación de jueces de la Corte Suprema modifica los decretos 222 y 588 de 2003, que establecían el procedimiento para la selección de candidatos. Según la normativa publicada, la difusión de antecedentes y trayectorias de los postulantes quedará a cargo del Boletín Oficial y de los portales web del Ministerio de Justicia.
Según pudo saber CBAHOY, el nuevo esquema reduce los plazos del trámite y concentra las instancias de publicación una vez que las candidaturas ya fueron formalizadas por el Poder Ejecutivo.
Cambios en el proceso de designación de jueces de la Corte Suprema
El decreto firmado por el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques establece que los candidatos deberán presentar sus declaraciones juradas patrimoniales dentro de un plazo de cinco días. La información deberá incluir los bienes propios y los correspondientes a cónyuges, convivientes e hijos menores de edad, de acuerdo con los parámetros establecidos por la Ley de Ética Pública.
Además, la normativa mantiene la evaluación del cumplimiento impositivo y previsional de los postulantes mediante la intervención de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Sin embargo, incorpora un límite máximo de cinco días para que el organismo fiscal emita los informes correspondientes.
El decreto también señala que la información vinculada a la situación tributaria de los candidatos deberá mantenerse bajo secreto fiscal durante el análisis.
Eliminación de criterios de diversidad y representación
Otro de los cambios introducidos por el Gobierno en el sistema de designación de jueces de la Corte Suprema está relacionado con los criterios de selección vinculados a la composición del tribunal.
La nueva normativa no incorpora las sugerencias incluidas en el texto original de 2003, que recomendaban al Poder Ejecutivo considerar aspectos como la diversidad de género, las distintas especialidades jurídicas y la procedencia geográfica de los postulantes.
La modificación del procedimiento ocurre en un contexto de discusión sobre la integración de la Corte Suprema y el mecanismo utilizado para cubrir vacantes en el máximo tribunal argentino.
Nuevo esquema de publicación de antecedentes
Con la reforma, el proceso de designación de jueces de la Corte Suprema tendrá una nueva modalidad de difusión pública. Los antecedentes de los candidatos serán publicados a través de los canales oficiales del Estado, sin la instancia previa de consulta ciudadana que existía antes.
La medida modifica una parte del procedimiento que estuvo vigente durante más de dos décadas y establece un circuito administrativo con menores plazos para avanzar con las postulaciones.
