El caso Adorni sumó un nuevo capítulo luego de que el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) solicitara a la Unidad de Información Financiera (UIF) investigar la evolución patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de su esposa, Bettina Angeletti.
El pedido fue presentado este jueves 11 de junio y apunta a que la UIF abra un expediente de inteligencia financiera para analizar el origen y la consistencia económica de determinados bienes y fondos declarados por el funcionario nacional.
Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el planteo fue dirigido al titular de la UIF, Matías Gabriel Álvarez. El organismo solicitó que se adopten las medidas previstas por la normativa vigente para evaluar operaciones y movimientos patrimoniales de Adorni y Angeletti, considerados Personas Políticamente Expuestas (PEP).
Desde el CIPCE señalaron que, en caso de detectarse elementos suficientes, la UIF podría avanzar con una denuncia ante la Justicia penal por presunto lavado de activos. La entidad pidió controles sobre la trazabilidad y el origen de los fondos involucrados.
Los argumentos del pedido presentado ante la UIF
El planteo del CIPCE se basa principalmente en la evolución patrimonial declarada por el jefe de Gabinete. La organización mencionó la compra de una vivienda en un barrio privado realizada en noviembre de 2024 y la adquisición de un departamento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en noviembre de 2025.
Además, incorporó como elementos de análisis la existencia de dinero en efectivo declarado, viajes en aviones privados junto a contratistas del Estado y operaciones crediticias realizadas por fuera del sistema bancario, según indicó la entidad.
El CIPCE también incluyó declaraciones públicas realizadas por Adorni en una entrevista con LN+, donde el funcionario afirmó que había omitido informar en sus declaraciones juradas de 2023 y 2024 que parte de los ahorros familiares se habían generado “en negro”.
“Ahorramos en negro como todos los argentinos”, expresó Adorni al referirse a unos US$500.000, según las declaraciones citadas por el organismo.
Declaraciones juradas y controles patrimoniales
La organización especializada en delitos económicos sostuvo que esa declaración requiere analizar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia que alcanzan a los funcionarios públicos.
El pedido también incorporó testimonios presentados ante la Justicia federal que, según el CIPCE, podrían indicar que una de las operaciones inmobiliarias mencionadas no habría sido escriturada por su valor real. La entidad planteó que, de confirmarse, podrían evaluarse posibles maniobras vinculadas al lavado de activos.
CBAHOY accedió a los detalles del planteo, que incluye además referencias a la normativa vigente sobre prevención del lavado de dinero y el rol de la UIF en el control de operaciones sospechosas.
El rol de la UIF y el contexto internacional
El CIPCE remarcó que la adhesión al régimen simplificado de Ganancias previsto por la ley de “Inocencia Fiscal” no limita las obligaciones relacionadas con la prevención del lavado de activos ni las facultades de la UIF.
La entidad recordó que las Personas Políticamente Expuestas están alcanzadas por mecanismos de debida diligencia reforzada debido a su exposición a riesgos vinculados con hechos de corrupción.
El pedido, firmado por el director ejecutivo del CIPCE, Pedro Biscay, también fue presentado en el marco del seguimiento internacional que atraviesa Argentina ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Según el organismo, la UIF debería realizar controles integrales de consistencia patrimonial y cruzar información con organismos como la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y reportes del sistema financiero.
