La Provincia integra el grupo de ocho jurisdicciones que no recibieron Aportes del Tesoro Nacional desde el inicio de la gestión libertaria. Mientras otras provincias accedieron a más de $374 mil millones, Córdoba continúa sin transferencias y suma otro dato para cuestionar la relación financiera con la Nación.
Córdoba volvió a quedar al margen de la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), uno de los fondos discrecionales que administra el Gobierno nacional para asistir a las provincias. Según un relevamiento reciente, la gestión de Martín Llaryora no recibió recursos por esta vía desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada en diciembre de 2023.
La situación coloca a Córdoba dentro de un grupo reducido de ocho jurisdicciones que permanecen excluidas del reparto. Además de la provincia mediterránea, tampoco recibieron ATN la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, San Luis, Formosa, La Pampa, La Rioja, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.
Los ATN se financian con el 1% de la masa coparticipable y están destinados a atender emergencias o desequilibrios financieros provinciales. Sin embargo, su asignación depende de decisiones del Poder Ejecutivo Nacional, por lo que históricamente fueron objeto de debates por el componente político de su distribución.
De acuerdo con los datos relevados, la Nación distribuyó más de $374.300 millones entre distintas provincias durante la gestión libertaria. Entre las más beneficiadas aparecen Misiones y Tucumán, con transferencias por $41.500 millones cada una, seguidas por Salta, Entre Ríos y Neuquén.
El dato se suma a otros indicadores que el Gobierno provincial viene señalando para cuestionar el vínculo financiero con la administración nacional. Entre ellos figura la fuerte retracción de la inversión pública nacional en territorio cordobés, donde distintos informes ubican a Córdoba entre las provincias más afectadas por el recorte de fondos para infraestructura.
La ausencia de ATN vuelve a instalar un tema sensible para el Panal en momentos en que las provincias reclaman mayores recursos y buscan sostener obras y servicios con presupuestos cada vez más ajustados. Para la administración de Llaryora, el reparto de estos fondos constituye otro capítulo de la discusión abierta con la Casa Rosada por el esquema de financiamiento federal.
