Desde ATE Río Tercero denunciaron que el Gobierno Nacional desvincula a todo el personal de las Unidades Turísticas de Embalse y Chapadmalal. Advierten por el avance de la privatización y el abandono de los hoteles históricos de Calamuchita.
La crisis en las Unidades Turísticas de Embalse sumó un nuevo capítulo este martes tras la confirmación de despidos masivos que afectan a la totalidad del personal que aún permanecía en funciones. La denuncia fue realizada por David Salto, secretario general de ATE Río Tercero, quien aseguró que el Gobierno Nacional avanza con el cierre del turismo social y la privatización de los complejos estatales de Córdoba y Chapadmalal.
En una entrevista con Ahora Noticias por Canal 10, el dirigente gremial calificó la situación como “shockante” y sostuvo que “por primera vez en la historia, desde la década del 40 cuando se inicia el turismo social, despiden a la totalidad del personal”.
Actualmente, según el relevamiento sindical, quedan menos de 100 trabajadores en todo el sistema nacional de turismo social, cuando en diciembre de 2023 había alrededor de 700 empleados entre Embalse, Chapadmalal y la sede central.
En la Unidad Turística de Embalse, ubicada en el valle de Calamuchita, la situación impacta directamente sobre 44 trabajadores que todavía mantenían sus puestos. De ese total, 14 contratados serán desvinculados de inmediato y otros 30 agentes de planta permanente fueron pasados a disponibilidad.
Salto explicó que esta medida implica una desvinculación diferida: los trabajadores conservarán temporalmente el vínculo laboral según su antigüedad, aunque luego serán despedidos definitivamente.
“Es solo cuestión de tiempo; cuando se cumpla ese plazo, serán desvinculados”, afirmó el titular de ATE Río Tercero mientras viajaba hacia Buenos Aires para solicitar una audiencia urgente en Jefatura de Gabinete.
Denuncian privatización y abandono
Desde el gremio también señalaron que el futuro de los hoteles fue conocido a través de anuncios oficiales y decretos de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), donde se confirma el avance de procesos de venta y privatización.
En ese marco, Salto rechazó las versiones que indican que los hoteles se encuentran deteriorados o fuera de servicio.
“El Hotel 1 fue puesto en valor, tiene ascensor, baños privados y está en excelentes condiciones. Lo mismo ocurre con el 2 y el 7”, aseguró.
Además, alertó sobre el riesgo de abandono y saqueo de los edificios históricos al quedar sin personal de mantenimiento ni custodia, una situación que —según recordó— ya ocurrió en otras etapas.
Reclamo por los fondos del turismo social
Otro de los puntos centrales del reclamo gremial apunta al financiamiento del sistema. Desde ATE sostienen que el Estado Nacional continúa cobrando impuestos específicos destinados al turismo social, aunque esos recursos ya no se destinan al mantenimiento de las unidades turísticas.
“Sostener el turismo social no llega ni al 1% de lo que se recauda con ese impuesto. No es un problema de desequilibrio fiscal, es netamente ideológico”, sostuvo Salto.
La situación genera preocupación no solo entre las familias de los trabajadores despedidos, sino también en distintos sectores vinculados a la economía regional de Calamuchita, donde el complejo de Embalse representa una parte histórica de la actividad turística y social de la región.
